El Covid-19 encontró un terreno fértil en las cárceles mexicanas y sigue reproduciéndose de manera acelerada, pues cinco de cada 10 reclusorios infectados presentan deficiencias en sus servicios de salud para atender esta emergencia.
Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al que El UNIVERSAL tuvo acceso, hasta el 17 de julio, 85 prisiones sumaban mil 768 contagios, al mismo tiempo que 50% de estas cárceles tenían bajas condiciones materiales e higiénicas en sus áreas médicas.
La información fue obtenida al cruzar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 de la CNDH y los reportes que los estados envían a este organismo todos los días para reportar sus contagios en el interior de estos lugares.
Especialistas en sistema penitenciario lamentaron que los casos de Covid-19 no se han podido controlar porque estos lugares no cuentan con suficientes medicinas, personal médico o instalaciones donde se pueda atender y asilar a los enfermos. Aunado a esto, 30% de las prisiones afectadas tienen sobrepoblación y hacinamiento.
También lee: Prisiones, acechadas por contagios de Covid-19
En materia sanitaria las cifras muestran un panorama dispar entre los estados. Tabasco, por ejemplo, tiene tres cárceles infectadas y todas presentan deficiencias en sus servicios de salud. Oaxaca tiene cuatro espacios afectados, de los cuales tres carecen de instalaciones médicas adecuadas. En el Estado de México hay contagios en nueve espacios y seis de estos no están preparados para atender médicamente la emergencia.
En contraste, la Ciudad de México es la que más contagios reportó hasta el 17 de julio, con mil 41. Los brotes se han presentado en 13 cárceles, pero según la CNDH dos tienen deficiencias en sus servicios.
“Fue fácil predecir esta situación”
“La Ciudad de México podría ser una buena práctica, pero de ahí en fuera la realidad es que no hay presupuesto para garantizar estancias salubres, para atender o dar tratamiento a personas con padecimientos crónico degenerativos, no hay suficiente personal, el médico no está 24 horas en el centro penitenciario”, criticó Verónica Garzón, coordinadora del Área de Incidencia Internacional de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal).
Para la experta, el sistema penitenciario no puede excusarse en que las deficiencias en sus servicios de salud se deban a que la emergencia lo puso en aprietos, ya que las carencias son producto de un cúmulo de omisiones.
También lee: Registran brotes de Covid-19 entre personal de penales de Nuevo León
“Desde el inicio denunciamos que la falta de atención adecuada de la salud en los centros penitenciarios iba a ser la fórmula perfecta para la propagación del contagio e incluso que algunas personas llegarían a morir, y dicho y hecho, fue bastante fácil predecir esta situación porque conocemos el contexto de salud, la falta de higiene, de bienes y servicios”, señaló.
Cuando hablan del sistema penitenciario y las condiciones que favorecen la dispersión del Covid-19, las especialistas se refieren a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 (Enpol), en la que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) alertó sobre las carencias de los penales.
Dicha encuesta señala que en estados como Aguascalientes, Colima, Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Puebla, menos de 50% de la población penitenciaria estaba satisfecha con el rubro médico, de alimentación y de medicinas.
“No hay un compromiso por parte del gobierno federal ni de los estados para atender todo lo que requiere el sistema de ejecución de sanciones penales, mientras no haya ese compromiso veremos cifras actualizadas sin que los problemas hayan cambiado.
También lee: Investigan posible ocultamiento de Covid-19 en penales de Veracruz
“Este tema ha quedado olvidado por el lente punitivo de la sociedad y el Estado, de que al tener a una persona en prisión ya no se tiene que preocupar por salvaguardar sus derechos humanos”, comentó Christel Rosales, investigadora senior del Programa de Justicia de México Evalúa.
Se refiere también a otros hallazgos de la Enpol referentes a que en 2016 sólo 41% de las personas privadas de la libertad tuvieron acceso a agua potable, y la mitad de los internos a nivel nacional compartían su celda con cinco personas.
Si estas situaciones prevalecen en la actual emergencia sanitaria, recalca Christel Rosales, guardar la sana distancia y mantener espacios aseados se vuelve complicado.
