La senadora boliviana Lucy Escobar Velasco, del partido MAS IPSP, instituto político que impulsó la elección de ministros mediante el voto popular en 2009, asegura que el Poder Judicial en su país se encuentra en crisis debido a que los magistrados quieren quedarse en su cargo un periodo más: “Se están aferrando al cargo y no se van”, dice.
También acusa que las resoluciones judiciales de los magistrados están alineadas al Poder Ejecutivo: “Están completamente corrompidos y totalmente parcializados hacia el presidente” de Bolivia, Luis Arce.
“Es inconcebible e inaceptable esta crisis judicial que nosotros estamos viviendo, esto no pasa en otros países”, enfatiza.
Además, la legisladora indica que es necesario que haya una nueva elección y nuevos ministro, porque ampliar su plazo sería ir en contra de la Constitución Política de Bolivia.
Afirma que los magistrados están cometiendo usurpación de funciones, pues su periodo culminó el 31 de diciembre de 2023, pero pidieron prórroga para continuar en el cargo, “lo que es inconstitucional”.
La semana pasada, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores de Bolivia aprobaron la ley de selección del Poder Judicial, con el propósito de llevarlos al voto popular en septiembre próximo: “Ellos [los ministros salientes] han hecho caso omiso. Desde el 2 de enero empezaron a ir a las oficinas. Eso ya se tipifica aquí en nuestro país como un delito de usurpación de funciones. Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores presentaron procesos penales ante la fiscalía departamental correspondiente para que se investigue y se tomen acciones. No pueden usurpar funciones que no les competen”, indica.
Denuncia, al igual que el diputado Héctor Arce, que el Poder Judicial ha emitido resoluciones a pesar de que su periodo legal terminó: “Siguen realizando funciones de magistrados. Se dignaron a sacar resoluciones, están fuera de lugar, ya no son las autoridades. Se están aferrando al cargo y no se van. Acuden cada día de manera normal al tribunal a seguir trabajando, es delito; se han presentado procesos penales, ante el fiscal”.
Refiere asimismo que la justicia no puede politizarse, “pero vemos que no pasa eso. Es una vergüenza lo que está pasando, hay mucha corrupción en la justicia boliviana. Están haciendo de las suyas, las resoluciones las dan a favor del Ejecutivo”.
Escobar Velasco asegura que el presidente Luis Arce permite dichos excesos del Poder Judicial ante las próximas elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo en 2025.
“Tienen convenios cuando él vuelva a ser presidente, Luis Arce. Serán diputados, volverán a ser magistrados, serán senadores, serán embajadores, entonces todo se sabe, los magistrados prácticamente están corrompidos y totalmente parcializados hacia el Ejecutivo. Yo creo que la justicia no puede politizarse, la justicia tiene que hacer su trabajo como corresponde”.
Al pedir que dejen sus cargos los ministros se congelarán los procesos hasta tener nuevas autoridades judiciales, añade la senadora. “Es un golpe a nuestra democracia judicial”, indica.
El proceso de preselección de magistrados consta de ocho etapas y debe ser aprobado por dos tercios del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, que integran las dos Cámaras. Al tener los seleccionados, se envían al Tribunal Supremo Electoral con la lista de los postulantes. Las etapas son la convocatoria pública, presentación y recepción de postulaciones, verificación de requisitos generales y específicos; la publicación de postulantes habilitados, impugnaciones, evaluación y calificación de méritos; informes finales y presentación de los candidatos.