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Los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que planteaba revocar la suspensión de la primera parte del plan B de la reforma electoral que impide su aplicación en las elecciones del próximo 4 de junio en el Estado de México y Coahuila.
Con ello se mantiene vigente la obligación de suspender la difusión de propaganda gubernamental en conferencias de prensa y eventos, así como en redes sociales desde el inicio de campañas hasta el día de las elecciones en ambas entidades.
Por tres votos contra dos, la Suprema Corte de Justicia rechazó el proyecto de la ministra Ortiz Ahlf, respecto al recurso de reclamación que fue presentado por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Esto, para revocar la suspensión que fue otorgada el 20 de febrero de este año por el ministro Alberto Pérez Dayán.
Los ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek votaron en contra del proyecto, mientras que las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf votaron a favor de éste.
El asunto será returnado al ministro Laynez Potisek para que elabore un nuevo proyecto y se vote con el criterio de la mayoría, quienes coincidieron que la suspensión debe continuar vigente.
El pasado 20 de febrero, el ministro Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos PRD, PAN, PRI y MC, diversos diputados y senadores integrantes de la 65 Legis- latura del Congreso de la Unión contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
También dictó proveído en el que concedió la suspensión de dicho decreto para el efecto de que no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila.
El pasado 24 de marzo, el ministro Laynez Potisek admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En este mismo acuerdo, el ministro solicitó a las autoridades demandadas, Congreso de la Unión y Ejecutivo federal, que presentaran su contestación dentro del plazo legal.
La Presidencia de la República volvió a cargar contra la Suprema Corte de Justicia luego de que se mantuviera la suspensión del llamado plan B electoral del presidente López Obrador. En un comunicado, afirmó que para algunos ministros, “la ley dejó de ser la ley”, al asegurar que el ministro Pérez Dayán no debió participar de la discusión.
El fallo “exhibe la parcialidad y el criterio evidentemente político, que no jurídico, con el que se conducen algunos integrantes del Alto Tribunal, toda vez que la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a jueces, magistrados o ministros intervenir en asuntos en que ellos mismos participaron o emitieron la resolución cuestionada, ya que su juicio será evidentemente parcial a favor de su criterio”, señala.
