Más Información
Videojuegos, el nuevo gancho del crimen para captar menores; los atraen con promesas de dinero y poder
Óscar Rentería Schazarino, ha operado contra CJNG, Viagras y Templarios; es el nuevo secretario de Seguridad en Sinaloa
Por violaciones al procedimiento legislativo, el ministro Alberto Pérez Dayán propondrá al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anular la primera parte del Plan B de la reforma electoral, impugnada por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
En su proyecto de sentencia, derivado del análisis de siete acciones de inconstitucionalidad presentadas por dichos partidos políticos, Pérez Dayán consideró que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se aprobaron, por la mayoría de Morena y sus aliados en ambas Cámaras, sin respetar las reglas del proceso legislativo y bajo un “cúmulo de irregularidades y violaciones” a los reglamentos internos.
El presidente de la Segunda Sala determinó que la iniciativa no pasó por un procedimiento legislativo ordinario, lo que generó una “transgresión al principio de deliberación democrática”.
“Ante la gravedad de tales infracciones en conjunto”, el ministro Pérez Dayán planteó la invalidez de las reformas referidas, “por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”.
Lee también: Héctor de Mauleón.- Los coches de El Fresa y El Pez desataron el caos en Guerrero
Se requiere de una mayoría de ocho votos para que la propuesta del ministro sea aprobada por el Pleno de la SCJN. El proyecto se tiene agendado para debatirse en el Pleno el 8 de mayo
En febrero de este año, Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano contra el decreto por el que se reformaron la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocido como la primera parte del plan B de la reforma electoral.