La ministra Norma Lucía Piña Hernández propondrá a sus compañeros en el pleno eliminar la prohibición para que exservidores públicos trabajen en empresas privadas durante 10 años y la facultad para que el Presidente de la República decida discrecionalmente cómo gastar los recursos ahorrados por la administración pública federal.
Dicha prohibición se encuentra en la Ley de Austeridad Republicana impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, misma que fue impugnada desde el año 2019 por senadores de la oposición.
“La norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la duración de 10 años de la prohibición de laborar en empresas privadas para los exfuncionarios que hayan regulado, supervisado o tengan información privilegiada, va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida”, señala el proyecto de la ministra ponente.
La Suprema Corte dio a conocer el documento ayer, a través de su página electrónica y se prevé que el debate se realice el próximo 4 de abril.
En febrero pasado, un juez de Amparo declaró inconstitucional este mismo candado; sin embargo, al tratarse de un juicio de garantías, la declaratoria sólo le beneficiaba a la quejosa que pidió la protección de la justicia.
En consecuencia, si ocho ministros acompañan la propuesta de Piña Hernández, la prohibición deberá eliminarse de la ley.
En la inconstitucionalidad, los senadores consideran ilegal el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que permite al Presidente determinar por decreto el destino de los ahorros conforme a la Ley Federal de Austeridad.
Los senadores señalaron que esto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, pues la ley establece la obligación de regresar a la Tesorería de la Federación los recursos no erogados durante el ejercicio fiscal con base en las medidas de austeridad.
Indicaron que esto permite un redireccionamiento discrecional de esos ahorros provenientes de las medidas de austeridad.
La ministra Piña dijo que conforme a la ley, los ahorros según las medidas de austeridad, deben ser destinados a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, el Presidente no puede sustituir la facultad que tiene la Cámara de Diputados para decidir sobre el destino del gasto.