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Una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá declarar válido el acuerdo por el que el Ejecutivo federal militarizó las labores de seguridad pública realizadas por la Guardia Nacional.
La ministra Margarita Ríos Farjat presentará este miércoles un proyecto de resolución a sus compañeros de la Primera Sala, con el que propondrá declarar que el presidente Andrés Manuel López Obrador no violó el principio de división de poderes con la publicación del acuerdo del 11 de mayo de 2020.
Dicho acuerdo establece la transferencia de diversas facultades de la Guardia Nacional (GN), en materia de seguridad pública, a soldados y marinos.
Fuentes allegadas al caso indicaron que el proyecto de la ministra Ríos Farjat, para resolver la controversia constitucional que la expresidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, presentó contra el acuerdo del presidente López Obrador, no incluye un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la militarización de las labores de seguridad pública, sino que solamente se limita a analizar si el Titular del Ejecutivo federal invadió o no facultades del Congreso de la Unión.
Organizaciones civiles como el colectivo Seguridad Sin Guerra han reprochado que el asunto sea discutido en la Primera Sala de la Corte y no en el pleno de la SCJN, pese a la trascendencia del tema.
Sin embargo, al no tratarse de una ley general, el caso corresponde a la competencia de la Primera Sala, pero si los integrantes de la misma lo llegan a acordar, es posible que envíen el asunto al pleno para discusión lo que puede retrasar el debate varios meses más.
En amparos, criterio es distinto
Mientras en la Suprema Corte de la Justicia, la ministra Ríos Farjat propondrá declarar que el Ejecutivo federal no invadió facultades para decretar la presencia de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sin pronunciarse de fondo en la constitucionalidad de este acto, un tribunal federal ya declaró inconstitucional el acuerdo del presidente López Obrador.
Se trata del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que confirmó el amparo que un juez concedió a la organización México Unido contra la Delincuencia (MUD), en contra del acuerdo presidencial publicado el 11 de mayo de 2020, que establece la presencia de Fuerzas Armadas de manera permanente en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024.
El fallo fue notificado el lunes, pero aún se desconocen sus alcances y si tiene efectos generales o sólo protege a la organización quejosa.
En abril pasado el tribunal solicitó a la Corte atraer el asunto, pero en septiembre la Segunda Sala lo rechazó y dejó en manos del colegiado la decisión final.
