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La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, advirtió ante una delegación del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA) que una eventual disminución presupuestal al Poder Judicial de la Federación (PJF) detendría la consolidación del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública continuar prestando servicios a las personas más vulnerables.
Al reunirse con integrantes del GTDA, que realizan una visita de trabajo a México, Piña Hernández denunció que en México, la justicia enfrenta retos relacionados con la efectiva garantía de la independencia judicial, particularmente, en lo relativo a la adecuada y suficiente asignación presupuestaria indispensable para atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se ha registrado en los últimos cinco años.
“Una disminución presupuestal al Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones, detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables, en un escenario en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual”, sentenció.
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En este marco, la ministra anunció la publicación de un protocolo para jueces y defensores públicos sobre la legalidad de las detenciones en el sistema penal acusatorio, a finales de año.
Lo anterior, dijo, "con el objetivo de brindar herramientas prácticas y útiles para que los operadores de justicia, al resolver los casos que se someten a su consideración, tengan una actualización de los precedentes jurisprudenciales y estándares internacionales aplicables a la materia".
Durante el encuentro, informó la Corte, Piña Hernández refrendó las obligaciones y el compromiso, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte), como del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con el combate a las detenciones arbitrarias.
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“Estamos comprometidos —no solo por obligación constitucional y convencional, sino por genuina e inquebrantable convicción— con la protección fundamental de la dignidad de las personas, el debido proceso y el acceso a la tutela efectiva que encuentra en el combate a las detenciones arbitrarias una de sus más altas expresiones y razón de ser”, afirmó.
Asimismo, la ministra aseguró que el Poder Judicial de la Federación ha tomado nota de las casi 50 opiniones que desde el 2002, el Grupo de Trabajo ha emitido al Estado mexicano, en casos puntuales sobre detenciones arbitrarias.
Al respecto, la presidenta de la Corte anunció que entregará un informe sobre los principales temas de interés para el GTDA, entre otros: el estado de la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, así como las resoluciones judiciales relativas a la ampliación de la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y el abuso de la prisión preventiva oficiosa.
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En su oportunidad, Matthew Gillett, integrante del GTDA, en su intervención confirmó que el tema de la independencia de los jueces es una característica importante en un país que enfrenta una criminalidad compleja y, además, resulta esencial para la presunción de inocencia.
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