La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN ), Loretta Ortiz Ahlf manifestó que una reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) debe incluir a las fiscalías, para fortalecer la investigación de los delitos, de lo contrario no va a caminar la reforma judicial.
“No es una falta de los jueces o del Poder Judicial si no está bien integrada la carpeta de investigación; no es una falla del Poder Judicial, sino de la investigación”, resaltó la ministra en una entrevista realizada por Justicia Tv.
Señaló que temas como desapariciones, trata de personas, feminicidios, que son problemas muy graves que aquejan a la sociedad, solamente se van a poder enfrentar con fiscales especializados, ministerios públicos muy capacitados y sistemas de investigación que utilicen altas tecnologías.
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La también integrante de la Primera Sala de la SCJN expresó que la ciudadanía a menudo confunde el sistema de justicia federal con el local, lo cual representa otro de los grandes desafíos en la posible reforma judicial.
La ministra planteó la importancia de elegir a los mejores perfiles para jueces, magistrados y ministros, que éstos provengan de la carrera judicial, y sean quienes se sometan al voto directo de la ciudadanía.
Explicó que la carrera judicial es una vocación de vida, toda vez que una mayor profesionalización es garantía de recibir una justicia de calidad; porque en este caso sí importa el conocimiento curricular, los exámenes de oposición que se han aprobado y los estudios que tienen, destacó.
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Para la ministra Ortiz Ahlf es posible votar de manera directa a todos los integrantes del Poder Judicial, pero estos perfiles deben ser los mejores; es decir, las personas que se han formado en la carrera judicial.
“¿Para hacer justicia se necesita conocimiento? Sí, necesariamente sí. Porque, de lo contrario, no van a conocer los tratados de derechos humanos, las normas de interpretación, es un trabajo muy técnico esta situación se resolvería si se somete a votación a los mejores perfiles”, subrayó.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, advirtió que en la discusión y análisis de la reforma al Poder Judicial, se requiere analizar de manera integral el papel que juegan no sólo los jueces, magistrados o ministros, sino también policías civiles, la Guardia Nacional y los ministerios públicos.
Lo anterior, aseguró, permitirá construir un sistema de seguridad y justicia más efectivo para todos los mexicanos.
“En la discusión sobre una reforma profunda al Poder Judicial, debe incorporarse como un elemento de análisis la revisión estructural del funcionamiento y resultados de las fiscalías, donde se incluye a los ministerios públicos y la importancia de que se desempeñen con mayor eficiencia y rapidez como instancias de procuración de justicia, coadyuvantes de la seguridad, hasta construir instituciones sólidas que garanticen justicia, que protejan los derechos de las personas frente a la actuación arbitraria e indebida de las autoridades”, dijo.
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Recordó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, 6 de cada 10 personas considera inseguro vivir en su ciudad: el 69 por ciento manifiesta sentirse inseguro en los cajeros automáticos; el 64 por ciento en el transporte público; el 54% en las carreteras y el 53 por ciento en los bancos.
A esto, se suma la cifra de delitos no denunciados o sobre los que no se inicia una carpeta de investigación, alcanza el 92 por ciento, lo que agrava la impunidad.
Mientras que la encuesta sobre Percepciones de Impunidad 2023, también del INEGI, indica que la mayoría de las personas entrevistadas considera que nunca o casi nunca los responsables de un delito son llevados ante un juez: el 10 por ciento considera que los agentes del ministerio público no investigan los delitos, 9 por ciento que los policías no detienen a los delincuentes y 11 por ciento que los jueces liberan a los delincuentes.
Guerra Castillo destacó que se debe “promover una justicia con enfoque multicultural, respetuosa del pluralismo jurídico, con perspectiva de género y respeto a los derechos de sus trabajadores, en sintonía con una visión progresista de los derechos humanos, hasta acercar la justicia a la gente”.
Detalló que nuestro derrotero debe ser que las instituciones de seguridad y justicia locales o federales, del norte o sur del país, operen con integridad y transparencia, protegiendo los derechos de cada ciudadano y ciudadana.
“Que cada mexicano pueda vivir con la plena certeza de que sus derechos están protegidos y que la justicia está al alcance de su mano. Este es el México que queremos”, concluyó.
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