La reforma judicial “abrirá pronto una nueva época de la justicia en México”, consideró la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, al presentar este jueves su segundo informe de labores de este año.
La era, presumió, “de la justicia democrática, en la que el pueblo mexicano elegirá a ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas federales, quienes se someterán a su escrutinio y estarán sujetos a controles de los que ahora se carece”.
Acompañada del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama y de su familia, la ministra aseguró que en la nueva época que se avecina, el Poder Judicial dejará de ejercer la supremacía judicial a la que actualmente está sometida la República, para dar paso a la supremacía constitucional que los juzgadores deben respetar.
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“Las personas juzgadoras podrán ser sancionadas por el Tribunal de Disciplina Judicial; la administración de la Corte y el resto del Poder Judicial quedará separada; las remuneraciones serán limitadas conforme ordena la Constitución desde hace 14 años; los fideicomisos ilegales serán liquidados y no se podrán crear nuevos; jueces fiscales y penales tendrán términos máximos para resolver sus juicios; la interpretación que el Poder Judicial realice de la norma jurídica, y no se podrán otorgar suspensiones ni amparos con efectos generales.
“En una palabra, el Poder Judicial dejará de ejercer la supremacía judicial a que está sometida nuestra república, para dar paso a la supremacía constitucional que las personas juzgadoras deberemos respetar”, señaló.
En el auditorio “José María Iglesias” de la SCJN, la ministra Batres Guadarrama dijo que la reforma judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “solo puede ser cuestionada y atacada por quienes se beneficiaban del régimen de abusos, excesos, privilegios, impunidad e injusticias múltiples que el Poder Judicial amparó y protegió”.
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“Para quienes deseamos una sociedad democrática, igualitaria, justa, en la que cada persona pueda tener esperanza de desarrollar su potencial, su dignidad humana, la reforma abre un parteaguas, en nuestra forma de gobierno y también en nuestro régimen jurídico”, apuntó.
Aseguró que con la reforma judicial se avizoran en el horizonte “personas juzgadoras que resguarden los intereses públicos y sociales; que sean confiables y solidarias ante quienes les depositan el sufrimiento de sus conflictos; humildes para asumir su función de servicio, nunca más desde el pedestal construido por la soberbia meritocrática, ciega ante las necesidades sociales; jueces y juezas que actúen con transparencia, honradez y decencia en el uso de los recursos públicos; sensibles y siempre conscientes de la realidad social”.
