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La política migratoria de contención y la militarización de las revisiones migratorias matan y dejan en desprotección a la población, pero sobretodo a las personas en contexto de movilidad que ingresan a nuestro país, expresaron cientos de organizaciones no gubernamentales a Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, tras el asesinato de seis migrantes en Huixtla, Chiapas, por militares.
Aseguraron que no es la primera vez que se demuestra que militarizar la seguridad pone en peligro a los migrantes pues, bajo el argumento de “sospechas” o “repeler agresiones”, sin que se compruebe que las personas de los autos o camionetas agredan a los elementos castrenses, desde 2019, militarizar la migración cobró la vida de migrantes.
“La militarización ha demostrado no ser el puente a la seguridad que todas y todos anhelamos. Los militares no cuentan con la preparación de protección y seguridad pública. Una vez más esto quedó evidenciado con el asesinato de 6 personas migrantes y 10 más heridas por el Ejército Mexicano, el pasado 1 de octubre, en el tramo carretero entre Villa Comaltitlán y Huixtla, Chiapas, cuando militares abrieron fuego contra una camioneta en la que viajaban 33 personas de distintas nacionalidades, entre ellas, egipcia, nepalí, cubana, india, pakistaní y árabe –aunque la presidenta Claudia Sheinbaum indicó, durante la conferencia de prensa de esta mañana, otras distintas, por lo que aún no hay claridad al respecto”, explicaron en un comunicado.
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Las ONGs manifestaron que pese a que los dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya fueron separados de sus funciones y están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) no hay garantía de que las personas migrantes sobrevivientes y familias de los fallecidos reciban justicia y reparación del daño pues “así lo han demostrado las diferentes masacres contra dicha población y los casos donde elementos del Ejército están involucrados”.
“México ha optado por la implementación de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos, haciendo uso de cuerpos militares, como la Guardia Nacional, la Marina o el Ejército, incluso, como un aparato de control migratorio, aún cuando esto va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional de los derechos humanos," enfatizaron.
“La política migratoria militarizada ha profundizado los contextos de riesgo de las personas en movilidad y las obliga a viajar por rutas clandestinas haciéndoles más vulnerables a distintos tipos de violaciones a derechos humanos y delitos, como desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, tráfico y trata de personas, corrupción, además de discriminación racial y étnica, situaciones climáticas extremas y accidentes”, argumentaron.
Así, llamaron a Claudia Sheinbaum a prevenir este tipo de tragedias pues una vez más se demostró que “el Ejército no debe estar en las calles”.
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