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El Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, documento elaborado en conjunto con la organización Causa en Común, destacó que la institución bandera del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender la violencia e inseguridad, sigue sin dar resultados relevantes, en medio de la opacidad y con quejas por violaciones a los derechos humanos y una cuarta parte sin certificación.
El informe presentado en el Senado concluye que la creación de la Guardia Nacional no ha dado resultados relevantes en términos de seguridad pública, además de que el fortalecimiento presupuestal de las Fuerzas Armadas ha provocado estancamientos o mermas de recursos a las policías locales.
Ese mismo incremento presupuestal, en combinación con la “tradicional opacidad” de las Fuerzas Armadas, añade el documento, aumentan el riesgo de corrupción, además de que también se incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos humanos al poner a estas instituciones en tareas de seguridad que no les corresponden.
Se subraya que la Guardia Nacional es la columna de un proyecto militarista de López Obrador, donde a pesar de que el artículo 76 constitucional establece la obligación para el Senado de la República de analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal presente sobre las actividades de la institución, en cinco años de actividades sólo se han presentado tres informes.
En 2019 había un total de 74,473 elementos de la Guardia Nacional, de los cuales el 78 por ciento eran militares y marinos.
En marzo de 2024, se informó de un total de 133,048 elementos de la Guardia Nacional; sin embargo, en el de seguridad de abril de 2024, se reportaron 132,612 uniformados.
Se expone que Certificado Único Policial (CUP) que por ley están obligados a tener todos los elementos de la Guardia Nacional, según informe del gobierno, del 2019 al 20 de abril del 2024, se había otorgado el CUP a 96,732 integrantes de la GN. Es decir, a cinco años del inicio de operaciones, el 74% de los elementos, una cuarta parte, no cuentan con dicha certificación, cursos o preparación por lo que operarían en forma irregular.
En su intervención, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, expuso que, desde su creación en 2019, la Guardia Nacional ha recibido sólo 16 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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No obstante, de enero de ese año a mayo de 2024, tanto esa institución como las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, acumularon cuatro mil 800 quejas, por violaciones a los derechos humanos.
Los mismos informes de la Guardia Nacional, añadió, detallan entre 2020 y 2023 no ha habido elementos sancionados penalmente por faltas, además de que, a pesar de que ha habido denuncias de espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, la CNDH niega que esto exista.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, organizador del evento, enfatizó que la seguridad nacional supone políticas de Estado cuyo principio es dialogar y escuchar a los diversos actores de la sociedad; no obstante, lamentó que en este sexenio ha habido una gran dificultad para hablar sobre este tema, particularmente con las organizaciones civiles.
“Me parece que es una primera debilidad, como país, que no estemos encontrando las formas para dialogar, eventualmente, para uno de los temas que más nos duele como sociedad; es uno de los temas que más nos preocupa, y eso apunta a un desafío para la próxima administración”, añadió el legislador del PRD.
Advirtió, en ese sentido, que debe ponerse la posibilidad de la “militarización de la República” en el centro del debate, pues las propuestas de reforma remitidas por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión buscan “abrirle las puertas” a las Fuerzas Armadas la posibilidad de que se “metan en todo”, como ya se ha observado al cederles, por ejemplo, el control de las aduanas o aeropuertos.
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bmc
