En la recta final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene la directriz de que militares sean delegados del Instituto Nacional de Migración (INM) y son 18 los generales, contraalmirantes, vicealmirantes y otros mandos castrenses, algunos en retiro, los que están al frente del mismo número de estaciones migratorias, todos sin experiencia ni capacitación en derechos humanos ni temas migratorios o de control de crisis.
El resto de los delegados del INM tienen diversos perfiles que van desde extitulares de policías municipales, criminólogos, ingenieros agrónomos, mecánicos, abogados y licenciados sin especificar su especialidad, o bien funcionarios de quienes no se expone su grado académico.
En medio de una rotación de los mandos castrenses y civiles, prácticamente ninguno de los delegados tiene preparación ni grados académicos que cubran el perfil requerido, como evidenció la tragedia en la Estación Migratoria Provisional de Ciudad Juárez, donde murieron 39 extranjeros.
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En una revisión de EL UNIVERSAL al currículum de los 32 delegados federales del INM que encabeza Francisco Garduño Yáñez, optometrista y abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas, también sin experiencia en materia migratoria, los hombres de verde olivo y azul son expertos en el manejo de armas e ingeniería castrense; son encargados de prisiones militares y de zonas navales, especialistas en seguridad nacional y algunos tienen antecedentes en seguridad pública.
La directora ejecutiva de Asylum Access México, Alejandra Macías, expuso a EL UNIVERSAL que el proceso de militarización que vive el INM y en general la política migratoria de contención, de encierro en cárceles a las que con eufemismos les llaman albergues, de uso de la Guardia Nacional, es lo que ha derivado en excesos y tragedias como la de Ciudad Juárez, que pueden repetirse en otras partes.
“Son militares sin experiencia, sin preparación en derechos humanos, no conocen un enfoque social del tema migratorio, sumado a que contratan personal sin capacitación, como es el caso de empresas de seguridad privada, sin protocolos para atender personas que requieren protección internacional. No se canalizan a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y se trata a los migrantes como delincuentes cuando sólo han cometido una falta administrativa”, detalló.
Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que “lo que ha pasado desde la llegada de Garduño al INM es un proceso de militarización. Quienes estén al frente de las delegaciones y estaciones migratorias deben ser gente con capacidad del entendimiento de este fenómeno social, especialistas en migración, que sepan atender y manejar a la población en crisis, que entiendan los flujos migratorios como sicólogos, trabajadores sociales, sociólogos con capacidad de gestión alimentaria, sanitaria e incluso tanatólogos que puedan atender a gente traumatizada por los abusos. Gente con sensibilidad. No militares, no improvisados”.
Reveló que “algunos de estos 18 militares que son delegados del INM están incluidos en una investigación de varias organizaciones donde se expone que más de 160 militares en cargos civiles están incluidos en recomendaciones por violaciones a los derechos humanos de la CNDH”.
Dijo que hay denuncias de familiares de las víctimas y su abogado contra el contralmirante Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua, quien dio la orden de no abrir las rejas del albergue incendiado. “Está en ese cargo desde 2021 y si se confirma esta información es la mejor demostración del porqué un mando castrense no puede ocupar un cargo civil de esta relevancia. No tienen la preparación y sensibilidad. La tragedia se pudo evitar con gente preparada para el manejo de crisis, un militar resuelve con amenazas y autoritarismo, como si los migrantes fueran enemigos o delincuentes”, subrayó.
Los 18 delegados del INM que provienen de Sedena y Marina
Generales y vicealmirantes en retiro son los rangos de casi todos estos delegados, quienes eran encargados de la seguridad de puertos, constructores castrenses e incluso encargados de cárceles de las Fuerzas Armadas.
Las entidades donde hay delegados del INM emanados de las Fuerzas Armadas son Chihuahua, Tlaxcala, Campeche, Veracruz, Sonora, Guerrero, Michoacán, Colima, Sonora, Guanajuato, Hidalgo, Zacatecas, Quintana Roo, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango y Tabasco.
Los otros 14 delegados se reparten entre funcionarios con perfiles de exjefes de policías municipales, criminólogos, ingenieros agrónomos, mecánicos, abogados y contadores.
