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En los últimos 10 años más de 70 mil migrantes han sido víctimas de tráfico y secuestro en México, asegura la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que dirige Rosario Piedra Ibarra.
En el Informe especial sobre la situación que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México, elaborado por ese organismo, se asegura que los operativos contra el tráfico de migrantes han aumentado en promedio en 600%, que los estados con más casos de secuestro en perjuicio de personas en movilidad son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, y que las personas más afectadas son ciudadanos originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba.
Destaca que a pesar de los esfuerzos institucionales para salvaguardar los derechos humanos de los migrantes “persiste la vulnerabilidad derivada, por un lado, de las condiciones que prevalecen en los países de origen y, por otro, de la dificultad para documentar los delitos cometidos por las redes internacionales de la delincuencia dedicadas a estos ilícitos”.
Precisa que las migraciones son originadas por la falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales en los países de origen, pues las crisis económicas, violencias, desastres naturales y el cambio climático siguen creciendo en el mundo.
Menciona que, frente a ello, los canales regulares para migrar no se han fortalecido, por lo que muchas personas se ven arrojadas al tráfico ilegal como única opción de movilidad.
Indica que el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que durante 2020 se identificaron 164 migrantes relacionados con el delito de tráfico y cuatro con el de secuestro.
Sin embargo, durante 2021 identificó a 990 por el primer delito y 31 por el segundo, de tal suerte que en 2021 se registró un incremento de 503% en tráfico y 675% en materia de secuestro en perjuicio de la población en condición de movilidad.
Resalta que de acuerdo con la Fiscalía General de la República en 2021 hubo un incremento de 260.5% en las carpetas de investigación en las que se ejercitó acción penal por el delito de tráfico de personas y 700% por el de secuestro con respecto a 2020.
“Los sujetos pasivos de ambos ilícitos están debidamente identificados respecto a la nacionalidad, sexo y edad, siendo 13 mil 378 en materia de tráfico y 87 posibles víctimas del delito de secuestro”, dice el documento de la CNDH.
Por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en 2021 se registró un incremento en 23.8% de las personas inscritas por el delito de tráfico y una disminución de 14.28% de las inscritas por el delito de secuestro en el Registro Nacional de Víctimas con respecto a 2020.
Durante 2021, las Policías Estatales participaron en 159 operativos en los que se rescataron 3 mil 922 personas extranjeras que estaban siendo transportadas de manera ilegal, principalmente en Aguascalientes (397), Puebla (mil 49) y Tamaulipas (2 mil 44).
“Es importante desarrollar más canales regulares para la migración, así como alimentar interinstitucionalmente un registro nacional que cuente con todos los datos indispensables que servirán para identificar la comisión de los delitos, revisar patrones de conducta e implementar acciones que aseguren la disminución del tráfico y otros delitos asociados en perjuicio de personas migrantes, con la debida atención a las víctimas desde una perspectiva de derechos humanos”, señala la Comisión Nacional.
La CNDH indica que cuando las personas en movilidad desaparecen a lo largo de las rutas migratorias “sus familias a menudo enfrentan consecuencias socioeconómicas, sicológicas, administrativas y legales devastadoras”.
Y señala que durante su primer visita a México el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU “recibió alegaciones según las cuales los perpetradores de las desapariciones sustraen los teléfonos celulares a personas migrantes tras privarlas ilegalmente de libertad en lugares desconocidos, con el fin de llamar a sus familiares y pedirles dinero, a veces con el apoyo o aquiescencia de servidores públicos”.
En 2021, agrega el reporte de la CNDH, el comité recomendó atender debidamente las desapariciones ocurridas en el contexto migratorio por plantear desafíos específicos para lo cual es necesario adoptar medidas particulares.
El Comité de la ONU aseguró que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el que se incluye a personas extranjeras, la información disponible no refleja de manera fidedigna los casos de personas desaparecieron durante su tránsito por el país.
