Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos
y el senador Emilio Álvarez Icaza exigieron al Senado de la República y al presidente Andrés Manuel López Obrador ordenar se frenen los operativos que realiza con violencia y al margen de leyes nacionales y tratados internacionales contra migrantes centroamericanos y haitianos por parte de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM).
En rueda de prensa expusieron la forma en que están operando contra los migrantes que han sido “encapsulados”, separando familias, incluso golpeando a niños , en una estrategia para disuadir y expulsar a haitianos y centroamericanos, negándoles el derecho de asilo.
Álvarez Icaza expuso que el Senado de la República está ausente en esta crisis migratoria y ante la violencia institucional de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, los cuales “están desatados, sin freno y fuera de control” violentando los derechos humanos de miles de migrantes en Tapachula y otras zonas de Chiapas.
En este contexto, presentó al pleno del Senado un punto de acuerdo para solicitar las comparecencias de los titulares de Gobernación, Adán Augusto López; de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, para que expliquen la actuación de diversos funcionarios públicos en los operativos para frenar las caravanas migrantes.
Asimismo, pidió las comparecencias del titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional DIF, al Comisionado de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y a quienes resulte relevante para conocer las acciones implementadas para la protección y defensa, en el marco de las movilizaciones de personas migrantes y sujetas de protección internacional que salieron de la Ciudad de Tapachula y de diversos municipios de la región el 28 de agosto y en días subsecuentes.
El senador sin partido, dijo que el Senado debe poner en marcha la normatividad establecida en el capítulo I del título Séptimo de la Ley de la Guardia Nacional en donde se establece un control parlamentario por parte de la Cámara Alta ante los abusos de instancia militarizada que ha golpeado a migrantes.
Por su parte, Yuriria Salvador, a nombre del Colectivo de Observación y Monitoreo en el Sureste Mexicano, que aglutina una veintena de organizaciones y albergues en Chiapas, dijo que hay un debilitamiento por parte del gobierno de López Obrador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), quitándole recursos y presupuesto, por lo que los migrantes para lograr una cita tardar hasta seis meses y hay miles de extranjeros que tienen hasta dos años en espera de una respuesta.
Lamentó también la actuación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) que dijo se encuentra desaparecida, sin gestionar apoyos para los migrantes y sin pronunciarse ante esta, que calificó, la más grave crisis de violación a los derechos humanos de los migrantes en el país.
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kl
