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Solicitantes de asilo en Estados Unidos pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CNDH) que emita medidas cautelares para su protección, debido a que fueron regresados a México mientras las cortes americanas resuelven sus casos.
Los migrantes fueron regresados a nuestro país bajo el programa “Quédate en México” , con el cual más de 62 mil personas extranjeras han sido retornadas desde Estados Unidos, entre el 29 de enero del 2019 y marzo del 2020, para que esperen aquí las resoluciones de sus solicitudes de asilo.
Los migrantes pidieron la intervención de la CIDH para que, con sus medidas cautelares, el gobierno mexicano garantice su integridad y salud en el contexto del Covid-19 ; se les permita el libre tránsito por el país para llegar en tiempo a sus audiencias sin el riesgo de ser detenidas o deportadas, y se les facilite la reunificación familiar.
En el documento enviado a la CIDH también se acusó a las autoridades mexicanas de desincentivar la migración a Estados Unidos, ya que a las personas extranjeras se les ha advertido sobre la peligrosidad de quedarse en la frontera norte, y se les ha ofrecido un transporte pagado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que vuelvan a sus países de origen.
Los migrantes también instaron a la CIDH a que intervenga para que el Estado mexicano no siga participando en el programa Quédate en México, pues viola el principio de no devolución.
Los representantes legales de los migrantes que solicitaron las medidas cautelares son: la Clínica de Migración de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas, la Clínica Legal Transnacional de la Escuela de Leyes de la Universidad de Pensilvania, Latin America Working Group y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).
Las ONG informaron a través de un comunicado sobre el documento enviado a la CIDH, y alertaron sobre los riesgos que sufren los migrantes en México cuando son retornados por Estados Unidos para que esperen aquí la resolución de sus procesos legales.
“El gobierno mexicano se comprometió a garantizar empleo, regularización migratoria y protección, sin embargo, las autoridades federales, estatales y locales han sido omisas y esta población, particularmente mujeres y niñas, niños y adolescentes, se enfrenta a situaciones de riesgo como: asesinato, secuestro, desaparición, asalto y violación sexual”, dijeron las asociaciones.
