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Sin techo, alimento y en condiciones que comprometen su salud, cientos de migrantes procedentes de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y Medio Oriente permanecen frente a las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en espera de que se les otorgue una visa humanitaria.
El grupo de extranjeros, entre los que abundan familias, madres y niños que desde hace más de medio año se instaló en las inmediaciones de la calle Versalles 49, en la alcaldía Cuauhtémoc, únicamente posee la certeza de no querer volver a sus lugares de origen y la esperanza de que México los cobije.
Incómodos por las condiciones en las que sobreviven, denunciaron la incertidumbre a que los someten las autoridades mexicanas encargadas de gestionar procesos migratorios, pues no les brindan ningún tipo de acompañamiento, información sobre trámites o requisitos, seguridad ni alternativas para procesar su solicitud de estancia en el país a través de otras vías bajo el argumento de que los organismos se encuentran saturados.
“Para responder a nuestra solicitud, [la Comar] nos da plazos de tiempo en meses, como si tuviéramos dinero, trabajo o casa para resistir acá en lo que se deciden. Es poco sensible negarte a abrir las puertas de tu casa a tus iguales. Venimos a trabajar para tener una mejor vida, no a robar ni a quitarle oportunidades a otros”, dijo a EL UNIVERSAL Adriel, migrante cubana.
Según testimonios recabados por este medio, la espera para obtener refugio puede extenderse desde cuatro hasta 10 meses. Según Juan, migrante venezolano, además de esta traba, los solicitantes se enfrentan con que la Comar aporta a cuentagotas o niega información sobre los requisitos para iniciar una solicitud.
Desde Caracas, al hombre de 34 años lo acompañan su esposa y dos hijos. Contó que lleva tres meses en la Ciudad de México esperando una solución.
Grupos que día a día se congregan en las inmediaciones del organismo o que pernoctan afuera indicaron que la lentitud los expone a peligros como la delincuencia organizada, extorsiones y trata de personas. En suma, un voluntario que alimenta a los migrantes detalló que grupos de haitianos que residen de forma ilegal en el área y que desistieron de solicitar asilo extorsionan con una cuota económica a quienes se forman todos los días.
El delito obedece a la falta de información del organismo, aseguró. Asimismo, al desorden y caos que se genera ante la necesidad de los migrantes de detener su marcha para establecerse de forma legal.
Frente a él, una venezolana que asistió a la Comar por tercera ocasión confirmó lo dicho por el cocinero: “Hay que pagarle a los haitianos para que nos den lugar porque meten a 10 o 20 personas a la fila y recurrimos a ellos porque no hay información oficial, por eso se ponen violentos si no cooperamos”.
Mari, de 27 años, originaria de Maracaibo, llegó a Tapachula, Chiapas, a pie y en autobús, en compañía de su esposo Hugo, de 32 años, y sus dos hijas, de cinco y tres años. La familia huyó de la violencia y falta de oportunidades laborales en Venezuela.
Tardaron más de un mes en cruzar la selva del Darién, Panamá, donde presenciaron muertes, robo y despojo de documentos de identificación, entre otros delitos. Con ayuda de donaciones y trabajos temporales financiaron su avance; sin embargo, ha pasado más de un mes desde que solicitaron la visa humanitaria de permanencia para que Hugo pueda emplearse y las menores de edad están entrando en una cuadro grave de desnutrición.
Mientras alimenta a su familia con tortas que apenas tienen una rebanada de jamón y algunos pedazos de queso, platicó que les tomó casi dos meses llegar al país. Pese a que lo hicieron de forma ilegal, trataron de asegurar el bienestar de sus hijas.
Los solicitantes de asilo pidieron a las autoridades acelerar procesos, mantener informados a los migrantes desde fuentes oficiales y detener el abuso.
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