El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que de 2017 a 2023 se han abierto 119 investigaciones contra agentes de esa institución acusados de presuntas “conductas irregulares” contra migrantes, entre ellas extorsión, pero clasificó como información reservada el nombre de los funcionarios acusados, por un periodo de cinco años.
En una solicitud de información vía Ley de Transparencia hecha por EL UNIVERSAL, se pidió al organismo detallar la fecha, lugar, descripción de queja, nacionalidad del denunciante y si hubo alguna sanción contra los funcionarios acusados. Sin embargo, la Dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación señaló que no contaba con la información desagregada como se le solicitó.
“La cantidad de denuncias del periodo de 2017 a 2023 de las cuales la Dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación tuvo conocimiento y canalizó al Órgano Interno de Control (OIC) en el INM respecto de conductas aparentemente irregulares cometidas por personas servidoras públicas adscritas a las Oficinas de Representación del INM con la finalidad de que ese órgano fiscalizador en el ejercicio de sus atribuciones conociera los hechos y en su caso determinara la procedencia de realizar las investigaciones correspondientes e iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa respectivos, siendo éstas 119 quejas contenidas en un total de 2 mil 348 fojas”, expuso.
El INM informó que se clasificaron como información reservada los nombres de los agentes migratorios al argumentar que su difusión podría ser susceptible a alguna persecución por parte del crimen organizado por desempeñar actividades en materia de control y regulación migratoria, existiendo “un probable daño real, demostrable e identificable”.
Sostuvo que los agentes migratorios pudieran llegar a ser privados de su libertad o incluso perder la vida a manos de la delincuencia.
“Al revelarse el nombre de los funcionarios se pone en riesgo su vida y seguridad, lo que representaría su identificación plena, haciendo factible que cualquier persona pueda atentar en su contra y cometer actos ilícitos que pongan en riesgo su vida y seguridad personal”, asevera.
Ayer El Gran Diario de México informó que dos agentes del INM fueron captados en video mientras cobraban sobornos a migrantes durante una verificación en la caseta 156, Ojo Zarco, de la carretera Guadalajara-Tepic. Tras mostrar el video al INM informó que ordenó la baja inmediata de ambos elementos y se levantó la denuncia ante la FGR.
En la solicitud de información, Migración argumentó que la publicación de los nombres de los agentes federales de Migración o los servidores públicos con funciones operativas los coloca en un “grave riesgo” y que podría afectar su honorabilidad y su derecho a la presunción de inocencia.
“Hasta en tanto el OIC determine la procedencia o no de algún procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra se debe de garantizar el derecho a la presunción de inocencia de los servidores públicos, ya que incluso con la publicidad de sus nombres se podría afectar la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debi-do proceso”, indicó.
El pasado 6 de abril EL UNIVERSAL reveló que en el Instituto Nacional de Migración agentes y funcionarios aprovechan cualquier oportunidad para obtener dinero de los migrantes y extorsionarlos sin importar su nacionalidad, pues, de acuerdo con testimonios de extranjeros y de integrantes de ONG, les cobran para dejarlos salir de las estaciones, por artículos para servicios básicos (higiene personal) e incluso existen “tienditas” en los centros de detención para vender productos hasta al triple de su costo normal.
