Un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas de Michoacán reportó el hallazgo de una fosa clandestina en un terreno en Jiquilpan, San José de Gracia, en los límites con Jalisco. El municipio donde el 27 de febrero de 2022 ocurrieron hechos violentos y 17 homicidios.
“No podemos hacer el levantamiento del cuerpo porque es tarde y la zona es de riesgo. No tenemos seguridad”, soltó el personal de la fiscalía de Michoacán. Eran las cuatro de la tarde.
El 17 de agosto no se recuperaron los restos. Las familias cubrieron la fosa y esperaron al día siguiente para que las condiciones de seguridad fueran más convenientes para las autoridades. Cuando se realizó el proceso, la fiscalía asistió sin material para los trabajos. Al final, les prestaron herramientas.
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“¿Qué le está pasando a Michoacán? ¿Por qué no les dan el material suficiente? Hacen las gestiones para el recurso, pero no lo vemos. ¿Para qué queremos una Comisión de Búsqueda que no le dan dinero para búsqueda?”, pregunta Evangelina Contreras, madre de una joven que desapareció en junio de 2012 en Caleta de Campos, Lázaro Cárdenas.
Las familias que buscan a sus desaparecidos en Michoacán no sólo tienen que sortear la burocracia del sistema de justicia mexicano, también deben atravesar un deficiente proceso de búsqueda; frecuentemente sin apoyo oficial.
“En la última brigada, los dos cuerpos que se encontraron los echaron en una bolsa negra, no tenían guantes. Regresaron otra vez y se llevaron los restos en una caja de aceite. Ellos dijeron que no tenían material. Sabemos que ellos están muertos, pero las familias estamos vivas”, expone un integrante del colectivo que solicitó mantener el anonimato para evitar represalias.
“Si le sigue rascando usted será la siguiente”
En el estado hay 16 colectivos de búsqueda en medio de la disputa entre autoridades y el crimen organizado. Pese a las circunstancias, las indagaciones y la esperanza de encontrar a sus seres queridos no cesan.
Las familias buscan sin la seguridad necesaria y en zonas que son focos rojos de violencia. Ingresan a sitios donde las autoridades locales no llegan porque ahora su jurisdicción la determinó un grupo delictivo. Las amenazas de los cárteles y la intimidación de miembros de instituciones gubernamentales complican el caminar de los colectivos.
“¿Seguro que quiere denunciar? Debería de pensarlo porque tiene más familia”, es una de las cuestiones que los Ministerios Públicos plantean a los denunciantes. Por temor, las familias pueden tardar meses o años para hacer la denuncia.
Michoacán padece un enfrentamiento constante entre grupos delictivos, sea el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, La Familia Michoacana u otros, las pugnas son por el trasiego de drogas, el control del territorio y todas las actividades que ahí se desarrollan, como adueñarse de minerales o de cosechas de limón o aguacate.
Para encontrar a Tania Contreras Ceja, su madre, Evangelina, ha recorrido Michoacán y ha viajado a otros estados. En 2012 recurrió a las autoridades para reportar la desaparición de su hija, pero la denuncia no se realizó debidamente por negligencia del Ministerio Público y se tuvo que repetir el proceso dos años después. El desarrollo tardío de la investigación ocasionó la pérdida de evidencia y de testigos.
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“La desaparición de mi hija es de larga data. No quieren hacer la búsqueda porque dicen que ya se perdió mucha información, pero en su momento tuvieron puntos dónde buscar y nunca lo hicieron”, explica Evangelina.
Por su labor, la madre de Tania ha recibido amenazas y ha sido desplazada cuatro veces. Desde 2017 está incorporada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“Todos los que hacen denuncia por desaparición es común que nos amenacen. Cuando hay búsquedas, hay más amenazas; son sutiles. Muchas familias ceden ante el miedo y no ponen denuncia”, expone.
José Antonio Andrade Godínez desapareció el 8 de octubre de 2021 en un traslado de Zamora a Guadalajara. A partir de ahí su familia emprendió una búsqueda incansable: denunciar, pegar fichas en las calles, rastrear fosas en los cerros. Ante la ausencia o el limitado apoyo gubernamental han solicitado ayuda de organizaciones civiles o religiosas.
El miedo de la familia Andrade Godínez no es más grande que el afecto y la incertidumbre por lo sucedido con José Antonio: acuden a las brigadas de búsqueda con la promesa de regresarlo a casa, pero se han percatado que de parte de las autoridades hay falta de voluntad y no hay materiales. Incluso, han tenido actitudes hostiles hacia la familia. “Si le sigue rascando usted será la siguiente”, le dijeron en una ocasión a la esposa de José Antonio.
Se solicitaron entrevistas con la Comisión de Búsqueda local y con la fiscalía pero no se concretaron.
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“Dicen que ya le pare”
Michoacán colinda con los estados de Colima, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Estado de México y Querétaro, pero la desaparición de personas ha aumentado especialmente en los límites con Jalisco y Guanajuato, aseguran colectivos y miembros de la Comisión de Búsqueda.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) concentra información de 5 mil 457 desapariciones en Michoacán. Los municipios con más denuncias son Morelia, Uruapan, Zamora, La Piedad, Lázaro Cárdenas y Apatzingán. Con 902, 2020 fue el año con más registros.
Desde 2018, los colectivos del estado han solicitado el paso de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para rastrear en espacios a los que sólo se puede acceder con la coordinación de instituciones federales relacionadas con seguridad, pero hasta el momento no se ha logrado.
Las familias reiteran la necesidad de protección y que los elementos que desempeñen la labor no tengan vínculos con el crimen organizado.
María tiene 61 años y está a cargo de su madre de 85 y de los hijos de Estefany, desaparecida el 24 de agosto de 2020. Desde el suceso trabaja, cuida y cría. Busca a su hija sin recibir la atención y apoyo que necesita y que por derecho le corresponde junto con los huérfanos.
Cinthia Estefany Gil Madrigal fue secuestrada en Jacona, Michoacán. Desde entonces, María, la madre, no ha dejado de buscarla.
“La piedra del Pípila me quedó cortita”, dice María, “mis hermanas me dicen que ya le pare, que me van a matar, pero no se ponen en mis zapatos. Yo le pido a Dios que me dé licencia de encontrarla. Aquí no se termina todo, tengo que seguir”.
Violencia que desplaza
El colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán ha documentado familias de desaparecidos que se han tenido que desplazar. Acompaña a 300 familias que suman mil 300 desplazados.
Según el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, en 2021 Michoacán fue el estado más afectado por la violencia y el conflicto, lo que detonó más de 13 mil desplazamientos. Esta cifra es 10 veces mayor a la registrada en 2020.
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Los saqueos a viviendas, extorsión, quema de vehículos y establecimientos, además de las fracturas en los núcleos familiares a partir del secuestro, homicidio o desaparición de algún integrante ha llevado a los michoacanos a dejar sus hogares para resguardar su integridad.
Michoacán, Chiapas y Zacatecas concentran 90% del desplazamiento interno en 2022 y se considera al CJNG responsable de al menos 2 mil 700 casos en Michoacán y Zacatecas ese año; los conflictos entre este grupo delictivo y Cárteles Unidos han provocado gran parte de las movilizaciones, según lo evidenciado en el Informe Global 2023 sobre Desplazamientos Internos.
Como consecuencia del conflicto y la violencia en México, de 2008 a finales de 2022 había 386 mil personas desplazadas de los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas. Esta cifra no ha dejado de aumentar en la última década.