Luego de que en abril pasado la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, firmó la ley antiinmigrante SF2340, el Gobierno de México tomó nota favorable de la suspensión temporal de su implementación.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que nuestro país rechaza cualquier ley discriminatoria: "Continuaremos trabajando por la protección y el respeto de nuestras y nuestros paisanos en Estados Unidos".
Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, señaló que el gobierno mexicano refrenda su "compromiso total" por trabajar en favor del respeto a la integridad y los derechos de toda la comunidad mexicana en Estados Unidos.
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Esta ley plantea el arresto de personas migrantes que han sido deportadas del país o a quienes se les ha negado el ingreso, y obligaría a la Policía de ese estado a verificar que los extranjeros sean expulsados nuevamente de Estados Unidos.
También podrían enfrentar cargos penales, al convertir en delito el ingreso al estado cuando ya se les ha deportado.
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