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Hoy en día, existen en México 4 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que se encuentran en situación de riesgo al ser reclutadas o utilizadas por agrupaciones delictivas .
El estudio “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Acercamiento a un problema complejo”, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) define a las niñas, niños y adolescentes vulnerables, a aquellos que no asisten a la escuela (86.7% o 3.4 millones de personas) y los niñas, niños y adolescentes que están ocupados (32.5% o alrededor de 1.3 millones de niñas, niños y adolescentes).
Destaca que los niños y niñas involucrados en actividades del crimen organizado “son una dolorosa realidad”, y agrega que los cárteles que hoy operan con menores de edad reclutados a la fuerza son Los Zetas, Del Golfo, La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, quienes a cambio de la delictividad infantil ofrecen salarios que van de los 250 a 500 pesos diarios.
Indica que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recluta a personas mayores a 12 años, a quienes suele entrenar para cierto tipo de funciones o prácticas delictivas, entre las cuales se encuentra el “halconeo” para alertar sobre la presencia de autoridades, narcomenudeo, sicariato, entre otras.
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“El involucramiento de los niños, niñas y adolescentes es una ‘excelente inversión’ para la delincuencia organizada. La corta edad de los miembros les permite retomar actividades ilegales con facilidad en caso de tener breves encuentros con el sistema de justicia, además, otro beneficio de su juventud es la creación de lazos profundos con las personas con las que se relacionan a partir de la colaboración o el miedo, indica el reporte.
Agrega que en el paìs existe un gran número de niñas, niños y adolescentes cuyas realidades les impiden ejercer sus derechos y desarrollarse de manera adecuada. Los indicadores de vulnerabilidad, amenaza y riesgo muestran que un número importante de este grupo etario puede ver incrementada la probabilidad de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.
Agrega que la legislación mexicana en materia de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes carece de una estructura en su norma penal, prohibición y ordenamiento a un comportamiento que establezca la consecuencia jurídica. Así como la inexistencia de una ley general que regule estas acciones y omisiones que penalmente el Estado está obligado a sancionar por así contemplarlo en su artículo primero constitucional.
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Dice además que las niñas, niños y adolescentes son víctimas de una multiplicidad de violencias que operan en detrimento de sus derechos.
“Los casos de reclutamiento forzado y voluntario son igualmente consecuencia de una cadena de opresiones provocada por el actuar de grupos armados ilegales y las omisiones del Estado'', agrega.
Y sostiene: “No existe una bala de plata que solucione este problema de tajo, pero eso no implica que debamos darnos por vencidos como sociedad. Atender este fenómeno supone, en primer lugar, admitir la complejidad del mismo al momento de legislar, comprender los matices sutiles de las prácticas de los grupos delictivos para definir políticas criminales que le resten el atractivo al reclutamiento y utilización pero que al mismo tiempo mantengan el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho”.
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apr/rcr
