México ocupa el tercer lugar en asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente en América: de 2012 a 2023, la organización internacional Global Witness ha documentado 203 casos. Colombia encabeza la lista, con 461, y Brasil ocupa el segundo lugar, con 401.
Otros países que han registrado cifras alarmantes en dicho periodo son Filipinas, con 298; Honduras, 149; India y Guatemala, con 86 cada uno; República Democrática del Congo, 74; Nicaragua, 70; Perú, 58; Venezuela, 22; Indonesia, 20, y Tailandia, con 13. El total de homicidios de este tipo cometidos en todo el mundo desde 2012 asciende a 2 mil 106, advierte la ONG.
Según el informe Voces silenciadas, en América Latina se cometieron 85% de los asesinatos de 2023, de un total de 196 ambientalistas. Cuatro países concentran 70% de dichas agresiones: Colombia, con 79; Brasil, 25, y Honduras y México, 18 cada uno.
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A pesar de que Colombia es el país con el mayor número de asesinatos documentados entre 2012 y 2023, y tiene la mayor tasa de homicidios de ambientalistas, Global Witness señaló que México presenta tendencias similares, además de un número considerable de desapariciones forzadas.
“En México, más de 70% de los asesinatos de 2023 fueron de indígenas. Además, se observó una concentración de ataques en Jalisco, Colima y Michoacán (...) La mayoría de las víctimas luchaban contra las explotaciones mineras de la región. De los tres estados, Michoacán fue el más peligroso, con ocho asesinatos documentados en 2023”, dice el informe.
Asimismo, apuntó que las operaciones mineras a las que se oponían los activistas en México se relacionan con 40% de los asesinatos ocurridos durante el año pasado: “El sector de la minería sigue siendo esencial para el país, ya que contribuye significativamente a su situación económica”, hace notar.
En 2023, la ONG determinó que la minería tuvo la mayor relación entre homicidios e intereses empresariales, ya que 25 personas defensoras fueron asesinadas después de que se opusieron a industrias extractivas. Le siguieron la explotación forestal y la pesca, con cinco; la construcción de carreteras e infraestructura, con cuatro, y la agroindustria, con cuatro.
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Del mismo modo, señala que la extracción minera ha convertido a Michoacán en uno de los lugares más peligrosos de México.
Entre 2012 y 2023, al menos 21 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron víctimas de desapariciones forzadas o directamente asesinadas en el estado.
“San Miguel de Aquila, una comunidad situada en (...) Michoacán, está rodeada de bosques de pinos y robles que se extienden hasta el océano Pacífico. Pero su verdadera riqueza se encuentra bajo la superficie, ya que las montañas esconden ingentes cantidades de (...) hierro”, explica el informe.
Durante el año pasado, Global Witness documentó el asesinato de 15 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en México y la desaparición de tres; aunque apuntaron que podrían ser más.
El 11 de enero de 2023, Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano fueron asesinados; eran defensores e integrantes de las guardias comunitarias de Santa María Ostula y del municipio de Aquila.
Les siguieron Abisaí Pérez, asesinado el 12 de febrero; Alfredo Cisneros, el 21 de febrero; Eustacio Alcalá, el 31 de marzo; Félix Vicente Cruz, el 12 de abril; Juan Media, el 13 de abril; Cuauhtémoc Márquez Fernández, el 11 de junio y, un día después, Álvaro Arvizu también fue asesinado.