El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal , rechazó “tajantemente” la intención del gobierno de Estados Unidos de incluir, como parte del
el envío de supervisores que verifiquen en México la aplicación de las leyes laborales, insistencia que “va en contra de la buena voluntad” con que se había llegado a acuerdos.
Sin embargo, en caso de que eso se apruebe en el Congreso estadounidense, México cuenta con los mecanismos para contrarrestar esa medida y podría rechazar cualquier misión de ese tipo, expuso.
Monreal emitió su postura sobre el diferendo desatado luego de que el viernes el gobierno estadunidense enviara a su Congreso la Ley de Implementación que incluye la designación de cinco agregados laborales para monitorear la puesta en marcha de la reforma laboral en México.
El sábado, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, indicó que esa iniciativa de ley fue un tema no aceptado en la adenda del T-MEC y es una medida unilateral.
Monreal respaldó esa posición y aseguró que es “totalmente inaceptable, ya que implica un mecanismo adicional al estipulado en el T-MEC”.
Aunque esto no está en el texto del T-MEC, sino de una regulación interna de Estados Unidos, “la mayoría en el Senado de nuestro país rechazamos tajantemente la intención de que la Ley de Implementación incluya esta disposición, al tratarse de una medida que, por no haber sido consultada ni acordada con México, resulta inaceptable y va en contra de la buena voluntad y el espíritu con que fueron firmados el T-MEC y el propio Protocolo Modificatorio”, expuso.
El también líder de los senadores de Morena recordó que el tema sí lo puso Estados Unidos en la mesa, pero esta fue una propuesta que el gobierno de México y el Senado de la República rechazaron.
La contrapropuesta del gobierno mexicano fue utilizar páneles con jurisdicción regional como el vehículo para solucionar controversias laborales y de todos los otros sectores y esto fue lo que sí se aceptó, dijo.
Monreal insistió que aun si se avalara la propuesta de los inspectores, se cuenta con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que en su artículo 7, establece que el Estado receptor “podrá́, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que cualquier miembro del personal de la misión no es aceptable”.
Es decir que, “de tomar una decisión contraria a lo acordado por los tres países, México contará con los mecanismos para contrarrestar esa medida”, estableció.
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