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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó al gobierno mexicano porque durante 2020 no tomó las medidas necesarias para proteger las garantías de las mujeres, los niños y adolescentes, los pueblos indígenas, los migrantes, las personas privadas de la libertad, los defensores de derechos humanos y periodistas y de la comunidad LGBTTTI.
En su Informe Anual 2020, la CIDH también acusó que México no cumplió totalmente con muchas de las recomendaciones que le había hecho para acabar con las desapariciones, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, así como mejorar las condiciones de seguridad y el acceso a la justicia.
En las conclusiones de su informe, el organismo internacional señaló que si bien las autoridades mexicanas reconocen los derechos humanos y hay un marco normativo para protegerlos, en la realidad las vulneraciones siguen ocurriendo.
“En 2020 continúan siendo de especial preocupación los elevados números de desapariciones y homicidios sin una debida investigación, así como la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestos por razones de discriminación histórica.
“El reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su reconocimiento a los derechos humanos, con la realidad que experimentan un gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva, y de modo concomitante redoblar sus esfuerzos en materia de prevención de violaciones a los derechos”, señaló la CIDH.
Explicó que los abusos han incrementado desde 2006, cuando el gobierno federal concentró su estrategia de seguridad en el combate al narco con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Luego de eso, consideró la comisión interamericana, se han implementado “políticas de seguridad que a lo largo de los años han evidenciado resultar ineficaces”, además de que la impunidad se ha convertido en un estímulo para que sigan ocurriendo las vulneraciones.
“La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y, en ciertos casos, de impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos”, lamentó.
En un documento de 117 páginas, la CIDH expuso que, en materia de seguridad, México ha incumplido con la recomendación que le había hecho sobre elaborar un plan para retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública y fortalecer las policías civiles.
El gobierno tampoco ha cumplido con la elaboración de un registro de víctimas de tortura ni con la utilización de cámaras de video durante los interrogatorios y en las patrullas.
Sobre las desapariciones cometidas por elementos de seguridad, la CIDH cuestionó que no hay un protocolo para que estos hechos sean investigados por peritos independientes, y tampoco hay un registro nacional sobre fosas clandestinas y restos no identificados. La comisión dedicó buena parte de su informe a las vulneraciones que sufren los grupos históricamente discriminados.
Para el caso de las mujeres, destacó que no hay una estrategia para prevenir los delitos sexuales en su contra por parte de las fuerzas de seguridad, y que se carece de políticas públicas para reestructurar los estereotipos de género, además, no hay mecanismos para sancionar la discriminación contra las indígenas.
Sobre la población indígena, cuestionó que el gobierno no ha promovido consultas libres, previas e informadas sobre la construcción de megaproyectos como el Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Programa de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec.
