La Secretaría de Bienestar informó que el Estado Mexicano inició la sustentación de los informes periódicos segundo y tercero combinados presentados por México en 2018 ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), hecho que expondrá las acciones instrumentadas por el país en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, mencionó sobre el esfuerzo presupuestario desde 2019 y hasta el presente, por parte del Gobierno Federal, que asciende a más de 227 mil millones de pesos, para garantizar un ingreso básico a la población que vive en condición de discapacidad.
Con ello, reiteró se graniza el ingreso básico de manera universal a las personas de 0 a 29 años y mayores de 65 años de edad, para las personas de 30 y hasta 64 años para quienes habitan en municipios y localidades indígenas o afromexicanas y en municipios o localidades que viven en extrema pobreza.
"Hemos tenido el deber exaltado de acercar los medios, los elementos y las posibilidades de que las personas con discapacidad puedan desarrollarse en plena libertad y conforme a sus propias decisiones, escuchando con atención sus necesidades, sus demandas, sus intereses, deseos y esperanzas", dijo.
En un enlace virtual hasta Ginebra, Suiza, sede del CDPD, la titular de Bienestar reiteró la propuesta del presidente López Obrador ante los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, el pasado 9 de noviembre de 2021, para conformar un plan mundial de fraternidad y bienestar.
El objetivo, dijo, es crear un fondo por mil millones de dólares que sirva, entre otros propósitos, para atender a las personas con discapacidad. Explicó que en el caso mexicano, la pensión se entrega de manera directa a las y los beneficiarios.
“Estamos decididos a aplicar una fórmula distinta para desterrar la corrupción y destinar al bienestar del pueblo todo el recurso distribuido bajo el criterio de que, por el bien de todos, primero los pobres”, enfatizó.
Anunció que se trabaja de forma institucional con las y los gobernadores de las 32 entidades federativas para que, de forma conjunta con el Gobierno de México, puedan solventar la pensión universal para
personas de 30 a 64 años de manera universal a fin de dignificar sus niveles de vida.
“Hemos tomado medidas y acciones para dar cumplimiento a las obligaciones adoptadas por México, en un compromiso fehaciente por la protección de las personas y velar por sus derechos y su bienestar”, expresó.
La delegación mexicana está encabezada por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y participan servidores públicos de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Gobernación (Segob), Economía (SE), Función Pública (SFP), Educación Pública (SEP), Trabajo y Previsión Social (STPS), y de Salud, así como de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), y diversos organismos autónomos que coadyuvan en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas y acciones en beneficio de las personas con discapacidad. También asiste la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
