México permanece estancado en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que publican Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana .
Por tercer año consecutivo, mantuvo la calificación de 31 puntos, siendo cero la peor y 100 la mejor.
Con dicha puntuación, la nación mexicana se ubica en la posición 126 de los 180 países evaluados.
México obtuvo la misma calificación que Bolivia, Laos y Uzbekistán.
Los países mejor evaluados en 2022 fueron Dinamarca (90 puntos), Finlandia y Nueva Zelanda (87 puntos), seguidos de Noruega (84 puntos), Singapur y Suecia (83 puntos), mientras que los países peor evaluados fueron Siria y Sudán del Sur con 13 puntos, y Somalia, el peor, con 12 puntos.
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Entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México ocupó la última posición.
En el llamado G20 , el grupo que incluye a las principales economías del planeta, México y Rusia ocuparon los últimos lugares.
El IPC es un instrumento que registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y
hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los 180 países evaluados.
Al analizar los resultados de México en el IPC 2022, se advierte que en 2019 y 2020, se preveía una tendencia positiva para
el país en materia de control efectivo de la corrupción, sin embargo, "la ausencia de sentencias firmes para los involucrados en los grandes casos de corrupción, como Odebrecht o la Estafa Maestra, o los vinculados con el caso de Agronitrogenados en PEMEX o de Segalmex, han puesto en duda la capacidad de la Fiscalía General de la República para ir más allá de la denuncia y llevar a los responsables a juicio", señaló Transparencia Mexicana.
Denunció que pese a que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, "las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas, ni se han devuelto a las arcas de la nación los recursos desviados".
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Transparencia Mexicana, aseveró además que cada vez hay más evidencia pública de que las autoridades responsables de la impartición de justicia en esta materia "podrían utilizar estas instituciones con un sesgo político-electoral".
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