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El gobierno de la República echó a andar la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que incluye conformar un Instituto Nacional de Identificación Forense, que se creará con el apoyo de organismos extranjeros.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reportó que en México existen 40 mil personas desaparecidas (entre 8% y 10% son migrantes del triángulo norte de Centroamérica), así como más de mil 100 fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses. Además, existen 349 denuncias en las que se involucra a agentes del Estado en desapariciones, es decir policías municipales, estatales, federales y, en menor medida, personal del Ejército.
La estrategia pretende enfrentar la desaparición forzada, ya sea por agentes del Estado o por particulares.
“Es el periodo [neoliberal] de más desigualdad que ha habido en la historia de México y el periodo de más corrupción, de más saqueo. Ni siquiera comparado con lo que fue el saqueo colonial de tres siglos de dominación española”, aseveró.
Al dar a conocer los 11 puntos de la estrategia, Alejandro Encinas criticó que en el gobierno anterior se dio una simulación en la búsqueda de personas, lo que provocó que el país se haya “convertido en una enorme fosa clandestina”.
El subsecretario hizo un llamado a los estados para que creen las comisiones estatales de búsqueda, mientras que la Segob presentará en marzo la propuesta de creación del Instituto Nacional de Identificación de Desaparecidos.
Detalló que, en el año anterior, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se tuvo un presupuesto de 468 millones de pesos para la localización de personas, pero sólo se ejercieron 6 millones.
La mayoría de las desapariciones lo son por crimen organizado, en zonas de trasiego. El número más alto de no localizados son jóvenes de 17 a 29 años, además, cada vez se registran más casos de niños.
La estrategia consta de 11 puntos, dentro de los cuales se quiere reinstalar el Sistema Nacional de Búsqueda, con 42 miembros, así como nombrar el viernes a un nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con la participación de colectivos, familiares de desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil.
Entre las tareas del plan está la instalación del Instituto Nacional de Identificación Forense, el Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (SUITI), asistencia internacional, así como conseguir recursos de los 7 mil 500 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de los estados.
También se hará un protocolo de investigación y de búsqueda, la coordinación y Células de Búsqueda en Vida; atención a víctimas y justicia, y tipificación del delito.
La estrategia tendrá el apoyo internacional del Equipo Argentino de Antropología, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Cruz Roja Internacional y la Agencia de Cooperación Alemana.
El gobierno informó que en 20 entidades del país, a más de un año de haberse publicado la ley general de personas desaparecidas, no se han tomado medidas legislativas ni la integración correspondiente de las comisiones estatales, con lo cual urge a los estados para que cumplan con esta disposición de ley. Entre los estados se encuentran la Ciudad de México, Hidalgo y Guanajuato, entre otros.