Junto con otros 92 Estados, parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, emitió una declaración conjunta para reiterar su apoyo a ese tribunal en su tarea de investigar y juzgar crímenes internacionales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que como lo ha hecho en ocasiones anteriores en que la CPI, la Fiscalía, las personas funcionarias y demás personal han recibido presiones y sanciones en situaciones bajo investigación, “México reafirma su compromiso para que la comunidad internacional cuente con una Corte que funcione de manera independiente y realice su labor libre de intimidaciones”.

“México manifiesta nuevamente su compromiso para que las víctimas de crímenes internacionales accedan a la justicia”, refirió la SRE.

La declaración indica que la Corte, sus funcionarios y personal deben desempeñar sus deberes profesionales como funcionarios públicos internacionales libres de intimidación.

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“Reiteramos nuestro compromiso de sostener y defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma y preservar su integridad frente a cualquier injerencia política y presión contra la Corte, sus funcionarios y contra aquellos que cooperan con ella. Renovamos nuestra determinación de permanecer unidos contra la impunidad.

“La CPI, como primera y única corte penal internacional permanente del mundo, es un componente esencial de la arquitectura internacional de paz y seguridad. Por lo tanto instamos a todos los Estados a asegurar la plena cooperación con la Corte para que ésta pueda cumplir su importante mandato de garantizar igualdad de justicia para todas las víctimas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión; crímenes graves que amenazan la paz, la seguridad y el bienestar del mundo”, dice la declaración.

“Al entregar nuestro pleno apoyo a la CPI y junto promover su función, contribuimos a poner fin a la impunidad de tales crímenes y prevenir su repetición, defendiendo al mismo tiempo los avances que hemos logrado juntos para garantizar el respeto duradero del derecho internacional humanitario, los derechos humanos, el estado de derecho y la aplicación efectiva de la justicia penal internacional”, agrega.

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