La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que en México persisten serios desafíos de protección a poblaciones vulnerables, seguridad e impunidad y calificó de especial preocupación el elevado número de desapariciones y homicidios sin una debida investigación.
En su informe anual 2019, Capítulo México, destacó la preocupante situación de inseguridad por razones de discriminación.
En el documento, la CIDH realizó un seguimiento a las recomendaciones que formuló al Estado desde 2015 e incluyó la necesidad de desarrollar un plan para retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y fortalecer la capacidad de las policías para realizar su trabajo desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos.
Sobre el retiro del Ejército, consideró que persiste la recomendación emitida desde 2015 debido a que la estructura de la Guardia Nacional (GN) es fundamentalmente militar.
“El mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. Sin embargo, cuando se tiene la participación de las Fuerzas Armadas, ésta debe ser extraordinaria, subordinada y complementaria.
“Normativamente las reformas constitucionales determinaron que la Guardia Nacional es un órgano civil con funciones policiales, [pero] en su regulación transitoria se compondrá de personal y estructura de tipo militar, lo que pone en cuestión su naturaleza civil”.
Esto, pese a que el gobierno indicó a la CIDH que aunque de inicio se incorporó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina a la GN, se prevé el reclutamiento de nuevos elementos que conformarán la mayor parte de la corporación.
La CIDH también consideró que las modificaciones legales con las que se busca capacitar a policías con base en estándares en derechos humanos no reflejan mayores avances, salvo en lo relativo al uso de la fuerza.
El gobierno federal estableció una obligación de capacitación de la fuerza pública en el rubro de derechos humanos, uso de armas, métodos y técnicas relacionadas con el tema.
Sin embargo, debido a que la creación de la GN y las reformas legales para profesionalizar a los cuerpos policiacos han sido objeto de impugnaciones judiciales, la CIDH señaló que sus observaciones siguen pendientes de cumplimiento.
Pese a que la ley sobre uso de la fuerza establece responsabilidades contra elementos de seguridad que cometan uso ilegítimo ésta, la CIDH agregó que la regulación está acotada sólo al uso de la fuerza pública en operativos oficiales y por agentes identificados.
“Hechos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales pueden ser cometidos en operativos clandestinos y en omisión o aquiescencia de agentes estatales”, afirmó.
Manifestó su preocupación por el número de feminicidios y por la impunidad generalizada que rodea estos casos.
