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La desaparición de personas es la herencia más dolorosa que enfrenta el gobierno de México, reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez , al dar la bienvenida al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que realiza su primera visita oficial a México, ante quien aseguró que el gobierno mexicano está abierto al escrutinio internacional.
El funcionario reconoció que el país enfrenta una crisis humanitaria y de derechos humanos por el registro de más de 94 mil personas desaparecidas y no localizadas, por lo que enfatizó que el Estado mexicano debe hacer el mayor de sus esfuerzos para superar esta lamentable situación.
Encinas Rodríguez puntualizó que la desaparición forzada fue detonada en dos diferentes periodos, conocidos como la guerra sucia, de 1965 a 1990, y la guerra contra el narcotráfico emprendida por el expresidente Felipe Calderón .
“La desaparición forzada en México tiene elementos de corte histórico y social en la cual la lucha política estuvo asociada a la violencia del Estado y a la lucha armada, y que adquirió una dimensión particular durante la guerra sucia, así como en la mal llamada guerra contra el narcotráfico, que inició en 2006, la cual desató el fenómeno de la desaparición entre particulares, vinculada a la corrupción de las fuerzas policiales ligadas al crimen organizado”.
El subsecretario de Gobernación señaló que se mantiene abierta una herida que el Gobierno de México ha asumido y que tiene como punto central la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, a fin de garantizar verdad y justicia, el derecho al retorno digno a los familiares y a la construcción de una memoria social que permita la dignificación de las víctimas.
Reprochó que a pesar de que el 17 de noviembre de 2017 fue publicada la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y también la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, no se había implementado hasta la llegada de este gobierno, no existía un registro de personas desaparecidas, ni protocolos para la búsqueda, pues sólo existían 8 comisiones de búsquedas locales, con condiciones muy precarias para su operación y funcionamiento.
“A la llegada en este gobierno encontramos una crisis profunda ligada a la desaparición, vinculada con los temas forenses identificación humana. Nos enfrentamos a la ausencia de mecanismos de búsqueda deficientes, registros de personas desaparecidas, ausencia de coordinación institucional y una realidad que tenemos que asumir, donde el Estado abdicó de su responsabilidad en la búsqueda de personas, dejando esta tarea a los familiares de las propias víctimas en la búsqueda de sus seres queridos”.
“Desde la llegada del nuevo gobierno, en diciembre de 2018, asumimos la existencia de esta crisis humanitaria en materia desaparición de personas y violación de Derechos Humanos, y el Presidente de la República ha enviado señales muy claras, como fue el primer acto de Gobierno del 3 de diciembre de 2018, cuando se emitió el decreto por el cual se crea la Comisión por la verdad y acceso a la justicia en el caso de Ayotzinapa”, recordó.
Encinas Rodríguez destacó que el gobierno actual ha establecido un protocolo homologado de búsqueda y un protocolo adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes, además de que creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, no Localizadas y Localizadas.
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También estableció una Mesa de Trabajo para la Búsqueda de Personas Migrantes, creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, ha canalizado subsidios por más de mil 200 millones de pesos a las comisiones locales para fortalecer sus capacidades logísticas y su personal, y se han creado centros regionales de identificación humana, como el de Saltillo, Coahuila, el que está por concluirse en San Luis Potosí. Asimismo, se han construido panteones forenses y centros de resguardo en Tamaulipas, Michoacán, Jalisco y Veracruz.
En su mensaje, el subsecretario destacó el reciente decreto presidencial con el cual se crea la Comisión para la Verdad y la Justicia por violaciones graves a derechos humanos durante la llamada guerra sucia, que hará un análisis del periodo comprendido entre 1965 y 1990.
Dijo que al mismo tiempo se ha fortalecido el Sistema Nacional de Búsqueda, dando pasos importantes como es el reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
“Quiero subrayar que todas estas acciones han tenido en el centro siempre la participación y la colaboración de los familiares de las víctimas de las personas desaparecidas y de las organizaciones y colectivos que ellos mismos han formado”, expresó.
Por su parte, al hablar a nombre del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, Carmen Rosa Villa-Quintana afirmó que este organismo acoge “con muchísima satisfacción” la disposición del Estado mexicano de recibir esta visita solicitada desde 2013, lo que “muestra la voluntad del Estado mexicano de abrir las puertas al escrutinio”.
Informó que durante esta visita el Comité participará en exhumaciones, “tanto las que llevan a cabo las autoridades nacionales, pero también las que están llevando las propias víctimas para conocer los obstáculos, los avances y aquello que, desde nuestra perspectiva, pueda contribuir a superar esta situación”.
También visitará los centros de detenciones de personas, y como un medio para prevenir las desapariciones forzadas “revisaremos lo que corresponde en el marco de nuestra conversión y que está en el artículo 17 y 18, que tiene que ver con los registros de detención”.
Subrayó que la interlocución directa con las autoridades del Estado, con las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas y las instituciones de Derechos Humanos, “nos van a permitir, sobre todo, relacionándonos con ellos en vivo y en directo, apreciar e identificar formas de contribuir a prevenir y a erradicar la desaparición forzada”.
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas permanecerá en México hasta el 26 de noviembre.
