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Según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, los incrementos salariales contractuales de empresas públicas establecidos durante los primeros tres meses del presente año, se vieron rebasados de manera importante por la inflación, hecho que perjudicó a cerca de 64.8 mil empleados. Una de las causas de este fenómeno se atribuye a que en el sector público normalmente los incrementos salariales se basan en los estimados de inflación de las propias instituciones gubernamentales, situación que no beneficia a la base trabajadora.
La STPS estima que de enero a marzo de 2023 se efectuaron 25 negociaciones en empresas públicas, cuyo resultado fue un incremento salarial nominal de 4.2 por ciento, promedio. Sin embargo, una vez descontada la inflación, arrojó una pérdida real muy importante en el poder adquisitivo de los trabajadores públicos, en términos de un 3.19 por ciento, según calculó la propia dependencia federal. Hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo establece que las empresas públicas son aquellas administradas de forma directa o descentralizada por el propio gobierno federal. En este tipo de empresas se encuentran una gran diversidad de instituciones, desde administraciones portuarias, la Lotería Nacional, organizaciones académicas, como El Colegio de México, algunos centros de investigación, entre otras.
Ahora bien, los aumentos salariales otorgados en la empresa privada, responden a cálculos inflacionarios distintos y van acompañados de otro tipo de incentivos al trabajador, ya sea por la productividad o el desempeño del empleado, además de que los aumentos a su salario contemplan las variaciones al alza del índice inflacionario del país, lo que hace más atractivos los ajustes del salario en el sector privado.
Como ejemplo de los marcados contrastes en los aumentos salariales entre el sector privado y el público va lo siguiente: en enero de 2023, las empresas privadas lograron incrementos de alrededor del 11.4 por ciento, mientras que las públicas el aumento rondó el 4.9; en febrero, las empresas privadas alcanzaron el 10.0 y las públicas el 4.1 y en marzo, las privadas llegaron al 9.4 por ciento y las públicas, el 4.1.
Aunque desde luego, tanto en las empresas privadas como en las públicas, el fenómeno que vuelve negro el panorama del poder adquisitivo de los trabajadores, en perjuicio del bienestar de sus familias, es la inflación. Según los especialistas en materia macroeconómica, para este año la inflación seguirá descendiendo en lo que queda del año, situación que reducirá la incertidumbre de los desfases de los aumentos salariales en México.
Con base en este panorama, la acción de los sindicatos de los trabajadores públicos será muy importante para que se vaya reduciendo la brecha entre salarios de los dos sectores. Los trabajadores al servicio del Estado no tienen por qué ser considerados como un caso aparte, siendo que también compran al mismo precio que los trabajadores del sector privado los productos básicos para sus familias y asimismo son empleados productivos y en sus manos está el buen funcionamiento de las instituciones federales de los tres Poderes de la Unión. Opinamos que para cerrar esta notoria brecha entre los salarios de los trabajadores del sector privado y quienes laboran en las filas del sector público, se debe tomar en cuenta que estos constituyen la imagen que se forma el ciudadano sobre la institución pública a la que acude para realizar algún trámite, es decir mediante su trabajo, la ciudadanía califica la eficiencia de los servicios gubernamentales. Y por ello merecen también un buen trato salarial de parte de las autoridades del ramo al que pertenezcan. Pensamos que es de justicia nivelar salarios en los dos sectores.
Hasta la próxima.
