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Las fracciones de oposición en el Congreso y la mayoría legislativa encabezada por Morena chocaron por el memorándum del Presidente de la República que anula la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.
Para los primeros, se trata de una acción inconstitucional y los funcionarios que la acaten podrían ser sancionados penalmente; en tanto que para los legisladores morenistas y sus aliados del PT y PES se trata de medidas administrativas sin contraposición con el proceso legislativo.
En el Senado, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, señaló: “El memorándum responde al compromiso de la Cuarta Transformación de priorizar el derecho a la educación y de acabar con el régimen de terror de la reforma educativa de 2012, cuyos efectos perniciosos urge revocar”.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, deploró que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya emitido un memorándum y dijo que éste no puede derogar las disposiciones constitucionales.
Subrayó que “quien deje de observar la Constitución puede incurrir en responsabilidades”, por lo que tiene que acatarse la aplicación prevista del presupuesto de educación, y si lo hicieran de manera distinta con la violación tácita de los artículos sería delicado.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Manuel Añorve Baños (PRI), reprobó el memorándum presidencial, lo rechazó y lo calificó como un documento “muy frágil e irresponsable”.
A su vez, la bancada senatorial del PAN calificó como “unilateral y autoritaria” la decisión de López Obrador de cancelar la reforma educativa. “Una decisión de ese tipo no sólo viola la obligación principal del Poder Ejecutivo de ejecutar la ley, sino que violenta también la protesta constitucional que en términos del artículo 87 realizó el primer mandatario de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”, expresó el grupo parlamentario en un comunicado.
En tanto, en San Lázaro, el líder de Morena, Mario Delgado, apoyó la decisión del Ejecutivo y emplazó a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a llegar a un acuerdo con ellos, a más tardar el 30 de abril.
El coordinador de Morena detalló después, en un mensaje en Twitter, que el Presidente “no pretende modificar la Constitución con su memorándum”, ya que es un instrumento de alcance interno y administrativo.
El líder del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, adelantó que analizan las acciones legales que podrían presentarse para modificar el documento, pero “está tan mal hecho, tan ocurrente, tan aleatorio” que no se funda en ninguna legislación.
En tanto, el coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, argumentó que con la disposición se violentan varios artículos de la Constitución, que por más de un argumento no le permite al Presidente promover la abrogación de una disposición reglamentaria.
La coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez Piña, sostuvo que “es lamentable la decisión del Presidente de ceder ante los intereses de un grupo clientelar”.
