Un juez federal ordenó considerar a un grupo de como pertenecientes a la primera línea de batalla contra el para que se les aplique la , independientemente de su edad o sus condiciones de vulnerabilidad.

El juez de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una a los quejosos al considerar que el plan de vacunación del gobierno federal se realizó de manera simplista.

El amparo promovido por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad únicamente beneficia a los quejosos, pero el precedente puede ser utilizado para futuras demandas que sean presentadas por personal de salud del sector privado.

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“La estrategia de vacunación contra el virus SARS-CoV2 , elaborada por el Gobierno de México, no es acorde con el documento denominado 'Orientaciones para la planificación de la introducción de la vacuna contra la Covid-19', emitido por la Organización Panamericana de la Salud; toda vez que de manera simplista se definieron las etapas de vacunación tomando en cuenta, para la primera etapa, únicamente los trabajadores de la salud en la primera línea de control de Covid y la edad de la población mexicana, pasando por alto que, de conformidad con el documento internacional de referencia, se debe dar prioridad, además de los trabajadores de la salud y personas de edad avanzada, a los grupos de mayor riesgo identificados según la situación epidemiológica”, señaló el juez.

“De igual manera, para efectos de las etapas subsecuentes (de la segunda a quinta etapa), se limitó a establecer un calendario, únicamente tomando en cuenta la edad de la población y la adquisición de la vacuna de PfizerBioNTech , al ser la primera en lograr la autorización sanitaria correspondiente; sin embargo, no consideró para efectos de la estrategia de vacunación la situación epidemiológica del país (…) aunado a ello, no precisó las acciones inmediatas que actualmente se encuentra realizando en materia de autorización sanitaria y adquisición de las diversas vacunas que en contra de la multicitada enfermedad existen en el mercado, siendo que tal cuestión resulta indispensable para agilizar la estrategia de vacunación y con ello reducir el impacto de la enfermedad Covid-19 en la salud, economía y la sociedad”.

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Consideró que estas omisiones incidieron en la obligación del Estado Mexicano de dar un trato igualitario al resto del personal médico, independientemente de si pertenecen al sector público o privado, pues se encuentran expuestos a pacientes con Covid-19 .

rmlgv

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