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perla.miranda@eluniversal.com.mx
Un grupo de 17 médicos oftalmólogos ha buscado su certificación médica sin éxito, su obstáculo es profesar la religión adventista y no poder presentar la prueba que aplica el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem) el sábado, día en el que se dedican al culto.
Aunque solicitaron a Onofre Muñoz Hernández, presidente del comité, hacer una excepción, recibieron como respuesta que no pueden eludir sus obligaciones constitucionales.
Ante esta situación, médicos de distintas áreas piden que la rectoría de la certificación regrese a manos del Estado y celebran la iniciativa del senador morenista José Narro Céspedes que pretende reformar los artículos 81 y 272 bis de la Ley General de Salud en materia de certificación profesional.
La iniciativa propone que sea la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Profesiones, la que se encargue de vigilar el ejercicio profesional de los médicos y sea la conexión entre el Estado y los colegios de profesionistas de especialidades médicas y de posgrados en áreas de la ciencia médica.
“El objetivo de la iniciativa es eliminar de una vez y por todas las atribuciones que arbitrariamente se le otorgaron a una asociación civil supuestamente sin fines de lucro denominada Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, que a todas luces se formularon con toda la intención de generar un negocio para beneficio económico de un grupo de médicos que se han apropiado de las certificaciones y recertificaciones que permiten el ejercicio profesional de los especialistas médicos”, se lee en el documento.
Pedro Toxtli Riquelme, expresidente del Colegio de Pediatría de Puebla, coincide con el senador y comenta que un recién egresado “está fresco” de conocimientos y la experiencia la ganará con la práctica.
“No tiene por qué presentar un examen de certificación si la universidad y el hospital donde fue residente lo aprobaron, es el Estado el que debe otorgar su cédula de especialidad y que sean la SEP y el Colegio de especialidad quienes renueven los documentos de recertificación”, declaró.
Otra situación con la que están en desacuerdo, asegura, es que Onofre Muñoz también preside la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).
“Es juez y parte, por un lado defiende los intereses de los especialistas agremiados a sus consejos de especialidades médicas y, por el otro, investiga y sanciona a médicos por responsabilidades, también se desconocen sus percepciones económicas”, dijo.
Para Víctor Sánchez Micha, expresidente del Colegio de Pediatría de la Ciudad de México, las cuotas que se cobran por la certificación de especialidades son “absurdas y exorbitantes”, además de que nadie regula y revisa el uso que se le da a esos recursos.
