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La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de incorporar la medición de felicidad a los indicadores de crecimiento o bienestar fue desestimada por expertos en análisis de la pobreza y el desarrollo pues podría dejar de lado la obligación de garantizar el acceso a derechos a la salud, la alimentación, la vivienda, entre otros.
Para Saúl Arellano Almanza, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, medir la felicidad es tarea de las iglesias, centros de desarrollo espiritual o humano, pero no de los gobiernos.
Rogelio Gómez Hermosillo coordinador de Acción Ciudadana contra la Pobreza y excoordinador del Programa Oportunidades, estimó que si el presidente desea medir la felicidad está bien, que se planteen de manera seria indicadores, aunque esa no es tarea de un actor político.
El jefe del Ejecutivo ha insistido en que impulsará el establecimiento de un nuevo indicador que pueda medir el crecimiento económico , pero considere datos de bienestar y felicidad.
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El politólogo Gustavo López Montiel, catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la intención del presidente es, ante la caída esperada del Producto Interno Bruto (PIB) y el incumplimiento en su oferta de lograr un crecimiento de 6 % del PIB, preparar un escenario que le permita decir que sí cumplió.
“Está buscando salvar la imagen de su gobierno” por la vía de modificar indicadores, estimó.
Empero, reconoció que aunque lo hiciera, dado que la medición del PIB es a nivel internacional, ésta se mantendría.
Recordó que antes que éste otros presidentes han tenido “formas distintas de medir” para modificar los resultados de gobierno. Por ejemplo, el expresidente Carlos Salinas cambió la forma de cuantificar la inflación sacando algunos productos de la canasta básica, o en el sexenio pasado el expresidente Enrique Peña Nieto varió la forma de medir el desempleo.
Medir solo felicidad evadería ley
En entrevista, Arellano Almanza, especializado en pobreza y política social, director editorial de México Social, explicó que en una democracia contemporánea como la mexicana, la obligación del gobierno es combatir la pobreza por la vía de garantizar derechos como a la alimentación, a la educación, o a la salud, por eso se mide el acceso a éstos.
“El gobierno no tiene como responsabilidad procurar felicidad, tiene responsabilidad política y jurídica y tiene que cumplir estrictamente con lo que mandata la Constitución. Y ésta ordena garantizar que se cumplan los derechos humanos de forma universal, integral y progresiva, y eso implica tener mecanismos de seguimiento y medición”, anotó.
El presidente tiene una “confusión conceptual” que no corresponde con una visión de derechos humanos, dijo.
”Decir que el PIB no mide bienestar es una verdad de perogrullo” pues es cierto, pero su tarea debe ser “garantizar universalmente los derechos humanos” y para ello medir el acceso a éstos, no indagar en bienestar espiritual o la felicidad.
Recordó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene un indicador de bienestar auto reportado que mide qué tan bien se sienten las personas.
“Pero una cosa es que alguien se sienta bien y otra es el acceso a sus derechos humanos” pues alguien puede decir que está bien, no gozar de algún derecho y no saberlo. “O puedo ser un pobre muy feliz, ser discípulo de Séneca o de los estoicos y estar muy contento y estar muriéndome de hambre. O puedo tener acceso pleno a mis derechos, y al mismo tiempo ser muy infeliz”.
Por todo ello el especialista consideró que “si el presidente quiere acreditar que el país está feliz, feliz, feliz, puede hacer una consulta a mano alzada. Pero si queremos ser serios tenemos que definir indicadores objetivos, una metodología robusta matemática y técnicamente que considere variables pertinentes para medir los derechos que dice la Constitución y que son irrenunciables”.
Que lo haga pero con seriedad
Gómez Hermosillo indicó también en entrevista que no hay mucha claridad en lo que quiere el presidente, está bien si incorporar bienestar ayuda a ver cómo evoluciona el ejercicio de los derechos, pero éstos deben garantizarse siempre.
Aún con cambios persistirá la obligación constitucional del Inegi, el Banco de México y el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) de medir crecimiento económico y la pobreza, dijo al restar importancia a la propuesta del presidente.
Eso “puede complementar. Lo que sí aspiraríamos es que sí se haga con datos de fuentes estadísticas, sólidas, verificables, rigurosas, generadas con un procedimiento transparente”.
De todas formas “quien quiera seguirá viendo el PIB, y quienes nos dedicamos a esto siempre voltearemos a ver los datos de pobreza que sean comparables.…la verdad es que la economía no resistiría un día si elimináramos el dato del PIB”, expuso.
Si el presidente quiere y encuentra formas de medir felicidad, “adelante, es el Inegi la institución que se encarga de las estadísticas en el país. Podría tomar en cuenta el índice de confianza en el consumidor, expectativa de vida, en fin”.
Pero es una tarea científica y por eso “quizá no está tan bien que sea un actor político el que lo haga”.
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