La diputada María Ascención Álvarez, de Movimiento Ciudadano, planteó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de que este sector de la población que se encuentre en situación de calle sea sujeto de derecho a programas para tener acceso a una casa hogar o albergue, u otras alternativas de atención integral.
Las modificaciones a los artículos 5, 8, 18 y 22 de la mencionada ley también establecen que ninguna persona adulta mayor en situación de calle podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.
Asimismo, se les deberá garantizar gestiones de apoyo y protección por parte de las instituciones públicas del sector Salud y de programas de prevención y protección correspondientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos en instituciones adecuadas.
La exposición de motivos de la iniciativa, remitida a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, refiere que México, al igual que otros países, experimenta un proceso de envejecimiento en su población, ya que, según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, la población de 60 años y más pasó de 9.1% en 2010 a 12% en 2020.
En el texto se señala que este proceso de envejecimiento de la población es notorio, y datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición, para el segundo trimestre de 2022, estiman que en nuestro país residían 17 millones 958 mil 707 personas de 60 años y más, que representan 14% de la población total de México; más de la mitad (56%) tienen entre 60 y 69 años.
De ese total, casi 3 millones de personas adultas mayores no están afiliadas a alguna institución de servicios de salud, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020.
Según el estudio Personas mayores en calle. Problemáticas, testimonios y recomendaciones, este sector experimenta discriminación por edad, precariedad económica y condición de vida en calle.
La iniciativa señala que “es una problemática que debe ser atendida de forma transversal, ya que impacta de forma directa a diversas instituciones públicas, privadas y sociales”.