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La senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros Mancilla, adelantó que la bancada de ese partido votará en contra de los perfiles que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Comisión Permanente para ser designados como magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que no cubren los requisitos establecidos en la ley, además de que es un claro intento del mandatario y de Morena para apoderarse de ese órgano.
“Vamos a votar en contra de estas designaciones por varias razones. Primero, porque el presidente quiere que sus abogados sean jueces que resuelvan las demandas que han presentado en contra de su propio Gobierno.
“Segundo, porque 18 de sus 20 propuestas no cumplen con los requisitos de ley: el presidente no mostró que tengan ocho años de experiencia, ni que sean personas honorables, como indican los artículos 43 y 45 de la Ley Orgánica del Tribunal.
“Tercero, porque una de las candidatas, Surit Berenice Romero, no tiene un título de abogada con 10 años de antigüedad, como marca la ley. El Registro Nacional de Profesionistas indica que su cédula es del 2016, por lo que le faltan dos años para cumplir con la norma, apuntó la legisladora.
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Además, detalló que no se puede permitir que se militarice el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues Miguel Carrasco Hernández es miembro del Consejo de Administración del AIFA y Fiscal General de Justicia Militar, lo que sería un golpe a la justicia civil. “Y también es un golpe a la justicia intentar que Aarón Marino Álvarez, quien ha solapado el espionaje que se lleva a cabo desde el Centro Nacional de Inteligencia, ahora vaya a ser magistrado”, denunció.
La senadora recordó que ahora se ha criticado que varios de los candidatos trabajan en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República o son funcionarios del Gobierno de Tabasco. Una de las candidatas, Magali Iraís Mendoza Ríos, es hija de la consejera Jurídica María Estela Ríos, que fue propuesta por AMLO para ser ministra de la Suprema Corte.
Más allá de lo anterior, destacó Laura Ballesteros que como parte de su labor legislativa revisó todos los perfiles y encontró otras irregularidades en las candidaturas:
1. Surit Berenice Romero Domínguez: no puede ocupar el puesto porque su título profesional de abogada fue emitido en 2016, pero la Ley requiere 10 años de antigüedad. Fue designada como encargada de despacho de la Profeco por AMLO en 2021. Fue militante del PRD entre 2006 y 2011.
2. Miguel Carrasco Hernández: fue designado como fiscal general de Justicia Militar en 2023. Forma parte del Consejo de Administración del Aeropuerto Felipe Ángeles, S.A. de C.V. Cabe destacar que hay varias demandas en contra de la construcción del AIFA que son del conocimiento del TFJA, en el cual se le quiere designar.
3. Aarón Marino Álvarez: fue titular del Órgano Interno de Control en el Centro de Inteligencia Militar. Entre otras cosas, debió investigar los contratos CISEN/33701/002/16 y CISEN/33701/005/16, a través de los cuales el CISEN, antes de cambiar de nombre a CNI, compró el malware Pegasus.
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Por último, el artículo 45 de la Ley Orgánica del TFJA indica que, para ser magistrado, es necesario tener una experiencia mínima de ocho años en materia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas. Además, el artículo 43 de la misma Ley establece que el presidente de la República debe hacer "una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Senado de la República. Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo".
La senadora de MC indicó que el oficio enviado por el presidente López Obrador sólo muestra los años de experiencia de dos de las candidatas: Maricela Lecuona González y María de los Ángeles Jasso Cisneros. Por ello, las 18 candidaturas restantes podrían ser invalidadas por el Poder Judicial.
Laura Ballesteros señaló que en caso de que estos nombramientos sean aprobados, desde MC se impugnarán a través de una demanda de amparo. “Están intentando aprobarlos de manera exprés en la Comisión Permanente, sin comparecencias transparentes, ni una revisión de los perfiles de los candidatos. Queremos que se hagan las 190 designaciones pendientes ya, pero queremos que se hagan en apego a lo que establece la Constitución. No vamos a permitir que sigan colonizando y destruyendo a los contrapesos constitucionales", enfatizó la legisladora.
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