La reforma laboral marcó un antes y un después en la política sindical mexicana: hubo cambios como la democratización para que la elección de sus secretarios generales se sometiera al voto libre y secreto de los trabajadores que forman parte de las agrupaciones.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, sostuvo que la dependencia ve positivo el avance sindical, ya que las distintas centrales, confederaciones y sindicatos trabajan de la mano para lograr los propósitos de la reforma.
Precisó que al menos 80% de las organizaciones de empleados ha modificado sus estatutos para la elección de secretarios generales. También se logró un avance en equidad de género y, sobre todo, en materia de transparencia.
En ese sentido, indicó que la transparencia es uno de los temas que más preocupan a los secretarios generales; sin embargo, no están en contra de llevar a cabo el proceso.
Mencionó que hay nuevas agrupaciones que están próximas a convertirse en sindicatos, “gracias a que el gobierno ya no se mete en esos asuntos y permite a los trabajadores tener esa libertad”.
Sin embargo, eso no implica que todos los sindicatos tengan derecho al contrato colectivo que se firma con las empresas, ya que ése sólo lo tiene la organización más grande.
Sobre algunos casos sonados en los últimos días —como el de Notimex o el de los trabajadores de Control Aéreo—, indicó que se llevan a cabo las mesas de negociación para lograr la mejor resolución con los extrabajadores de la agencia de noticias, mientras que con los empleados aéreos ya se solucionaron las diferencias.
A un año del nuevo gobierno, ¿cuál es el balance que hace en materia sindical?
—El balance es muy favorable porque, en general, todas las fuerzas sindicales, las corrientes sindicales que operan, las actuales centrales, confederaciones y federaciones sindicales de este país han manifestado que están de acuerdo con la reforma laboral, han manifestado ese respaldo a la autoridad, que ellos están en la idea de sumarse a este nuevo modelo laboral que implica.
También están de acuerdo con la transparencia y la rendición de cuentas en los sindicatos y, sobre todo, con lo que tiene que ver con el cambio de la justicia laboral, que desaparece en las juntas de Conciliación y Arbitraje y va hacia la creación de tribunales laborales —que se encargarán de los conflictos entre patrones y trabajadores—, así como con la creación de una instancia de conciliación que tiene que agotarse antes de que las partes tengan que acudir a tribunales.
Nos hemos reunido con diversas organizaciones sindicales y están en la idea de sumarse, aunque entendemos que hay ciertas cosas que les preocupan, que les inquietan, pero son cosas que tenemos que ir resolviendo a futuro para que se pueda, en su caso, hacer propuestas de matices, de adecuación en las normas que rigen la vida sindical.
¿Cuáles son las preocupaciones de estas organizaciones?
—Lo que les preocupa es, por ejemplo, [el caso de] esta disposición legal que le da derecho al trabajador de solicitar al patrón que no se le cobren cuotas sindicales, porque quiere decir que ahora los trabajadores van a solicitar ante los patrones que ya no les descuenten su cuota sindical, ya va a ir por escrito.
Sin embargo, esta disposición está ligada con lo que desde hace tiempo sostenía el artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo.
Lo que se amplió fue esa posibilidad, pues eso de ninguna manera excluye que los sindicatos puedan establecer en sus estatutos que el trabajador que no pague cuotas dejará de pertenecer al sindicato y, por lo tanto, no tendrá la protección de la colectividad.
También, donde ellos más sienten esta injerencia por parte de la autoridad es en la transparencia, porque ahora sí se les está obligando a que cada seis meses den cuenta de cómo ejercieron los recursos de sus sindicatos en un ejemplar por escrito.
¿Cómo va a operar esta rendición de cuentas y en dónde vamos a ver la que haga cada organización sindical?
—La rendición de cuentas y los principios de transparencia que se plasmaron en esta reforma tienen que ver con profundizar la obligación que tienen los sindicatos, sobre todo la de las dirigencias sindicales, de dar a conocer a los trabajadores cómo han manejado sus fondos, que den cuenta de qué han hecho con las cuotas sindicales y con los recursos que les son entregados para su administración.
Lo que estamos planteando es que, si bien antes tenían que informar [de ese gasto] cada seis meses, ahora lo tienen que hacer presentando un informe por escrito.
Esto implica que se tiene que acreditar que se ha cumplido con la obligación de otorgar a cada trabajador un ejemplar en el que se da a conocer cómo se están rindiendo
[las cuentas].
En caso de que los empleados vean que no se está cumpliendo con esta obligación, pueden solicitar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que intervenga para que se [lleve a cabo el requisito] de transparencia.
Esta rendición de cuentas deberá remitirse en su momento al Centro Federal de Conciliación y Registro para que se acredite el cumplimiento de la obligación.
El centro federal tiene que establecer en su página electrónica cuál es el registro de cada sindicato, los estatutos del mismo, así como los contratos colectivos de trabajo.
También, ante la falta de rendición de cuentas por parte de la directiva [el empleado puede] acudir a la autoridad, es decir, al Centro Federal de Conciliación y Registro, para denunciar que no se le ha entregado la información para que el centro requiera al sindicato que haga entrega de la misma.
Hoy, los trabajadores tienen la posibilidad de denunciar la omisión de la entrega de esos datos directamente en el Centro Federal de Conciliación y Registro.
En caso de que haya irregularidades, ¿quién sancionará?
—Respetando el principio de autonomía y libertad sindical —que está estipulado tanto por los estándares nacinales e internacionales en el convenio 89 de la OIT, así como en la Ley Federal del Trabajo—, la secretaría no puede sancionar por cuestiones internas, por faltas que se den en el interior de los sindicatos, pero en todo caso serán el organismo y los trabajadores los que tienen que hacerse cargo de las sanciones que se tengan que imponer a quienes incurran en irregularidades en el manejo de los fondos.
Si hay fraudes o la comisión de algún ilícito o abuso de confianza por parte de los directivos sindicales en el manejo de los recursos, se pueden presentar las denuncias correspondientes y la autoridad, en su caso penal o el juez penal, podrá establecer sanciones de otro tipo, con penas corporales a quien defraude o a quien cometa ilícitos en el manejo de cuentas.
¿Qué porcentaje de organizaciones sindicales han modificado sus estatutos como lo estipula la nueva Ley del Trabajo?
—Tenemos más de mil 600 organizaciones sindicales del ámbito federal que han adecuado sus estatutos a la nueva regla, además de las nuevas reglas en materia de transparencia y rendición de cuentas, y la representación proporcional de género en sus directivas.
En el ámbito local, todavía estamos con avances pequeños.
A nivel federal, logramos un avance por encima de 80%; aún nos falta en lo local, pero creemos que [este] año se logrará un avance igual que ahora en el país.
¿Cuántos nuevos sindicatos se han creado o cuántas solicitudes han recibido?
— A partir de la entrada del nuevo gobierno se han presentado muchas solicitudes; sin embargo, también puede ser que en registro se reúnan 20 trabajadores, hacen una asamblea constitutiva, establecen sus estatutos conforme a la ley, designan sus directivas y eso es suficiente para que podamos tener un sindicato.
Ahora que el gobierno no está poniendo trabas, hay plena libertad para que los sindicatos conformen sus asociaciones, ya que damos todas las facilidades e, incluso, cuando los trabajadores tienen alguna dificultad o solicitan orientación nosotros lo hacemos con todo gusto.
Sin embargo, lo que nosotros consideramos muy importante es no olvidar que más allá de que se puedan crear cientos de sindicatos más, evidentemente que se tiene que tener muy claro —tanto por parte de los trabajadores como de los empresarios y de la sociedad en general— que la creación de un nuevo sindicato no significa que vaya a tener por sí mismo un contrato colectivo especial, sino que la regla de oro que tenemos en el mundo laboral es que solamente los sindicatos que tienen el respaldo de la mayoría de los trabadores son los que cuentan con la titularidad del contrato.
Con la ratificación del T-MEC, ¿cómo afectarían los inspectores a los trabajadores de México?
—Lo que se estableció en esta modificación en el capítulo laboral es que va a haber agregados de carácter laboral, pero ellos los inspectores —entendemos en las oficinas de representación diplomática, en el caso de Canadá y Estados Unidos— estarán haciendo la labor de análisis de información sobre cuáles son los avances de implementación de la reforma laboral y, específicamente —entiendo con este tema—, de la democracia sindical en temas de la elección de las directivas gremiales, los procesos de democracia sindical en el interior de los organismos, pero de ninguna manera eso representa que se les esté otorgando alguna facultad para realizar inspecciones en los centros de trabajo.
En los últimos meses, esta casa editorial documentó tres casos importantes de conflictos sindicales: Notimex, trabajadores aéreos y UAM, ¿cuál es el avance con cada uno?
— El caso de los trabajadores aéreos ya se cerró, ya se firmó el convenio de revisión salarial y contractual con varios trabajadores de diversas compañías aéreas. Entendemos que eso va caminando favorablemente, porque ha habido entendimiento y comprensión de ambas partes respecto de hasta dónde pueden empujar hacia adelante.
En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, aún existe la posibilidad de que los trabajadores quieran ir hacía otro proceso político; sin embargo, nosotros estamos optimistas en cuanto a que nos hemos reunido, por lo pronto, con la institución para comentar cuál es el pliego petitorio que tienen los empleados y ver cuáles son las posibilidades presupuestales que, al final, no se trata de una cuestión de voluntad, de si soy buen o mal patrón, sino simplemente es con base en un gasto que tienen la universidades, el cual ya está aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y que ya tienen asignadas
las instituciones.
Ahí es donde nos han dicho que ellos están en la mejor disposición de establecer un diálogo.
En el caso de Notimex hemos estado atendiendo a trabajadores, nos hemos reunido con la titular y los funcionarios del área de Relaciones Laborales y jurídicos precisamente para manifestarles la preocupación y, desde luego, la inquietud de muchos trabajares acerca de los despidos que se han dado en esa agencia de noticias.
Hemos encontrado también que los trabajadores tenían una serie de inconformidades en el interior del propio sindicato.
Nos comentan que había abusos, excesos, incluso que había algunos trabajadores [a quienes] ni siquiera conocían, sobre todo [a] algunos corresponsales, tanto en el extranjero como en el país.
Se está haciendo la revisión de la plantilla de tal manera que, nos comentan, [ya] se han hecho las liquidaciones de los trabajadores que ya optaron por retirarse de la agencia y que con otros se están realizando los finiquitos y las negociaciones.
Nosotros lo que les pedimos es que cumplieran estrictamente [con] la ley, si es que se ha determinado la liquidación de un trabajador.
¿Qué sigue o que se espera para este 2020?
—Lo que estamos planteando es la recuperación del salario mínimo, vamos hacia la mejora de condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores a través del incremento de sus prestaciones y de su salario en todos los ámbitos, sobre todo los salarios mínimos.
Pero también que se cumpla con las normas en materia de salud y seguridad en el trabajo, que se cumpla con todas las obligaciones de capacitación y adiestramiento, con el pago de utilidades, de aguinaldo y con toda la serie de normas que existen en materia del trabajo, y que esto pueda ser a través de la inspección federal del trabajo y (...) local, con los convenios que tenemos con los estados.
Sin embargo, que también se realicen todas las adecuaciones a los estatutos sindicales del país para que se garantice a todos los trabajadores el voto libre y secreto en la elección de su secretario general y que éstos puedan acceder a la negociación colectiva a través de la aprobación mayoritaria.
Esto significa un gran reto para los próximos años, no sólo para este 2020, porque se trata de un nuevo modelo. Esperamos que en tres años ya se aplique a nivel nacional el nuevo modelo de justicia laboral, en el que los jueces ya participen.
