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Al reconocer que fue algo “grave”, Manuel Bartlett Díaz , director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que un grupo de expertos del más alto nivel realizan una investigación sobre el apagón del pasado 28 de diciembre del año pasado y que afectó a 10.3 millones de personas en 12 estados.
En entrevista con medios tras la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el titular de la CFE indicó que se prevé que la investigación dure alrededor de tres meses y aseguró que habrá sanciones a los funcionarios, en caso de encontrar fallas en este caso.
“Lo que hemos hecho durante ese apagón que duró muy pocas horas recuerdan ustedes se logró restablecer, pero sí fue grave, porque se desperdigó por todo el país (…) un fenómeno de este tamaño no se puede quedar así, entonces lo que ha hecho la CFE es convocar a un grupo de expertos del más alto nivel en la materia de transmisión, distribución y generación, con las mejores credenciales y currículums, es un grupo de seis personas que van a hacer una investigación independiente".
“¿Será público en tres meses?”, se le preguntó.
“Creo que son tres meses, sí porque tienen que revisar todo. Dijo el presidente que esto no debe repetirse y nosotros tenemos que tomar las medidas para que no se repita, no se trata de una persecución de quién hizo o no, se trata de ver qué pasó y corregir todo lo que estuvo mal”.
“¿Habría sanciones en caso de detectar fallas?”, se le cuestionó.
“Claro que sí, pero ya está eso bajo estudio”, agregó.
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El pasado 25 de febrero, EL UNIVERSAL reveló que a pesar que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no se reservaría información pública, el expediente del apagón ocurrido el pasado 28 de diciembre y que afectó a más de 10.3 millones de personas en 12 estados fue reservado por dos años.
En respuesta a una solicitud de información hecha por esta casa editorial y aun cuando se pidió una versión pública del expediente del apagón, la CFE justificó la clasificación al señalar que, a pesar que han pasado dos meses del hecho, aún no hay un dictamen final, por lo que entregar la información implicaría un daño al darse a conocer datos que todavía no son oficiales.
La institución argumentó que dar a conocer esta información podría incidir en la conclusión de este proceso y aseguró que “pudiera generar un movimiento o revuelta social, que pone en riesgo tanto el orden como la seguridad social.
kl
