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El Poder Judicial de la Federación mantuvo intactos los salarios de jueces, magistrados y ministros en su propuesta de Presupuesto de Egresos para 2019.

En noviembre pasado el Poder Judicial envió a la Secretaría de Hacienda su propuesta de presupuesto para ejercer durante el año 2019, mismo que será incluido en el paquete que revisará la Cámara de Diputados para su posterior aprobación.

Por tratarse de una propuesta de órganos de otro Poder distinto al Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda no puede modificar el documento recibido, porque es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados.

Como informó EL UNIVERSAL, el proyecto prevé una reducción de 5 mil 72.8 millones de pesos para el año 2019, la más grande en la historia de ese Poder, misma que se aproxima al total de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ejercido durante 2018, que es de 5 mil 635.1 millones de pesos.

Las percepciones de los titulares de órganos jurisdiccionales, tribunales, juzgados y Corte se mantuvieron intactas, mientras que el Consejo de la Judicatura Federal tendrá una reducción de 10% en los salarios de los mandos medios y superiores cuyas actividades son de carácter administrativo.

En tanto, propuso incrementar 5% el salario de los trabajadores de base cuyas percepciones son las más bajas.

Actualmente los ministros de la Corte ganan 266 mil 841 pesos mensuales, más el pago de su aguinaldo y un bono de riesgo que se les otorga por disposición legal.

Para que el salario de estos funcionarios pueda disminuirse deberá existir una reforma al artículo que prevé que para mantener la independencia judicial no se pueden reducir sueldos de jueces, magistrados y ministros.

Una vez que esto ocurra, es posible que se les aplique la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que establece que ningún funcionario podrá ganar más que el Presidente, cuyo salario se prevé sea fijado en 108 mil pesos mensuales.

Ante la posibilidad de que la ley sea aplicada sin que medie la reforma constitucional y sin un previo análisis sobre cómo determinar el salario del Presidente para que sirva como parámetro máximo para todos los servidores públicos, el Poder Judicial ha protagonizado un conflicto con el Poder Ejecutivo.

Esto, debido a que al corte del 5 de diciembre, han sido presentadas 630 demandas de amparo que agrupan 3 mil 202 quejosos, de los cuales 346 son jueces, 375 magistrados, 248 actuarios, 614 oficiales, mil 158 secretarios y 175 externos.

A estas demandas se sumó el amparo colectivo tramitado por el Sindicato de Trabajadores del PJF, con más de 35 mil integrantes.

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