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Diputados de las dos principales fuerzas de oposición, PAN y PRI, consideraron que es necesaria una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que el presidente Andrés Manuel López Obrador quite atribuciones a la Secretaría del Bienestar y que sea la Presidencia la que tenga el control directo de los programas sociales, de sus 32 superdelegados y de los cerca de 20 mil servidores de la nación.
El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y el vocero del PRI, Héctor Yunes Landa, coincidieron en que esta modificación no se resuelve con un decreto, y alertaron que se prepara la máquina electoral para el sucesor de López Obrador.
El Presidente anunció ayer que la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y la Secretaría Técnica de la Presidencia se fusionarían, para formar un solo ente, en el que se borrarán las atribuciones de Bienestar.
Es decir, la Oficina de Presidencia tendrá control directo de los programas sociales, con presupuesto de más de 300 mil millones de pesos, así como de las actividades que realicen los 32 superdelegados y los más de 20 mil servidores de la nación.
Romero Hicks dijo que, salvo a conocer a detalle la modificación, sí se tendría que reformar la Ley de la Administración Pública Federal, pues se le restan facultades a Sedesol y se le otorgan a la Oficina de la Presidencia; sin embargo, criticó que, como el Ejecutivo va de ocurrencia en ocurrencia, ya no se sabe si es serio o no.
“Con un decreto no puede quitarle atribuciones a Sedesol, se tendría que hacer en espejo la lista de atribuciones (...) Sí implica quitarle a Sedesol atribuciones, tiene que pasar por la ley orgánica y eso implica ambas Cámaras federales”, dijo.
Criticó el posible uso electoral de esta iniciativa: “Este señor es un autócrata. Ya tiene el superpoder, en la medida de las atribuciones que tiene como Presidente y las que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a Sedesol, ya lo demás son diseños peculiares de lo que llaman la kakistocracia del gobierno de los ineptos”.
Por su parte, Yunes Landa coincidió en que sí se tiene que modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, porque es donde se contemplan las dependencias federales, qué hacen y qué facultades tienen.
Mencionó que con un decreto no se resuelve y criticó que Morena, hasta con un transitorio, amplía el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“No tienen problema en formarla ni ahorita, ni después, porque ahí se requiere mayoría simple, no es constitucional, es una ley secundaria.
“El Presidente modifica hasta la Constitución con decretos. Si con un transitorio resuelve la ampliación del presidente de la Corte, pues lo demás ya le vale, pero técnicamente tendría que modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, explicó el priista
