Más Información
El único caso federal contra Roberto Borge Angulo por lavado de dinero, derivado de desvíos de recursos públicos por más de 900 millones de pesos, fue enviado al estado de Quintana Roo.
Borge Angulo cumplió un año 11 meses encerrado en un penal federal de Morelos. Durante ese tiempo, su caso fue conocido por el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México. Sin embargo, el pasado 27 de noviembre la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una audiencia ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de dicho centro de justicia.
La FGR buscaba formalizar su acusación contra el exmandatario estatal, quien es señalado por idear y ejecutar un plan para adquirir y enajenar predios mediante el desvío de 900 millones 99 mil 418.17 pesos en Quintana Roo.
Durante la diligencia, el juez determinó que carece de competencia legal para continuar con el asunto registrado en la causa penal 381/2017 y declinó competencia a favor del Centro de Justicia Penal Federal en Quintana Roo, con residencia en Cancún.
Borge Angulo fue vinculado a proceso por este delito federal el 6 de enero de 2018, luego de una audiencia de 16 horas en la que compareció procedente de Panamá.
Según la FGR, Borge Angulo —a través de amigos, familiares y otros exfuncionarios estatales— enajenó a precios inferiores 22 predios que formaban parte de la reserva natural de Quintana Roo a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública local, para beneficiar a prestanombres y a empresas fantasma del propio exgobernador.
Desde entonces se le sujetó a prisión preventiva justificada —porque el juez consideró que había riesgo de fuga— y ordenó recluirlo en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial de Morelos debido a que su defensa argumentó que padece problemas renales y requiere atención médica.
El juez concedió seis meses para concluir la investigación complementaria, pero la FGR y la defensa de Borge Angulo solicitaron prórrogas que alargaron el procedimiento. En ese tiempo, la defensa del exmandatario consiguió un amparo otorgado por el juez Sexto de Distrito del Estado de México, quien ordenó reponer su procedimiento y volver a analizar los datos de prueba presentados por la FGR para determinar si lo vinculan o no a proceso.
La FGR impugnó la resolución y desde diciembre de 2018 el Segundo Tribunal Colegiado, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, mantiene pendiente el dictado de sentencia en el expediente.
Desde su detención, la Fiscalía General de Quintana Roo inició tres carpetas de investigación contra el exgobernador por peculado, aprovechamiento ilícito de poder y desempeño irregular de la función pública, delitos por los que ya fue vinculado a proceso.
En consecuencia, las audiencias y demás trámites del caso federal continuarán en el estado de Quintana Roo y, de acuerdo con las constancias judiciales, designó a su padre, Roberto Borge Martín, como su apoderado para representarlo en los asuntos.
