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Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acusaron al magistrado presidente de este órgano, José Luis Vargas, de no garantizar la seguridad jurídica a actores políticos, al posponer las sesiones privada y pública para discutir —entre otros— el caso de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco.
A través de una carta que fue firmada por cinco de los siete magistrados, se señaló a José Luis Vargas por, argumentaron, haber tomado una decisión unilateral al cambiar la fecha de la sesión de la Sala Superior y haberlo comunicado el pasado miércoles a las 21:39 horas.
“Estimamos que esa determinación afecta la impartición de la justicia constitucional electoral encomendada a este tribunal, toda vez que implica el aplazamiento del análisis y resolución de asuntos relacionados, entre otros, con el registro de las candidaturas, en el entendido de que las campañas electorales iniciaron el pasado 3 (sic) de abril”, expusieron en la misiva que firmaron la magistrada Janine Otálora, y los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera, así como Indalfer Infante González.
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El pasado miércoles se dio a conocer que el proyecto de resolución sobre el caso de Félix Salgado Macedonio prevé ratificar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de quitarle la candidatura para competir, por Morena, al gobierno de Guerrero.
En el caso de Raúl Morón, se contempla la devolución del caso al INE, abriendo la posibilidad de que se le permita el registro como candidato de Morena al gobierno de Michoacán.
Estos dos temas, entre otros, se contempló fueran desahogados en sesión a realizarse ayer jueves; sin embargo, se convocó al pleno de la Sala Superior pero hasta el martes 27 de abril.
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Exigen respeto
Molestos por la situación, los cinco magistrados pidieron respeto a las atribuciones legales conferidas al pleno de la Sala Superior en la materia.
Asimismo, los magistrados advirtieron que corresponde al pleno la definición de los asuntos por resolver y la fijación de agenda jurisdiccional, en tanto que a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sólo le corresponden atribuciones de orden instrumental.
“De esta manera, consideramos que la decisión unilateral de diferir las sesiones incide negativamente en la resolución de asuntos de carácter urgente, tales como el registro de las candidaturas a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán.
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“Criterios que serán aplicables en materia de asignación de diputaciones de representación proporcional, que además fue hecho del conocimiento público y existe un incidente de excitativa de justicia, definición sobre la aplicación de acciones afirmativas en Tlaxcala, consultas sobre propaganda gubernamental en el Estado de México, entre otros”, detallaron los magistrados.
En ese sentido, expusieron que no alcanzaron a apreciar las justificaciones por las cuales se difirieron las sesiones.
Consideraron, además, que ello implica trastocar principios constitucionales, que son responsabilidad del tribunal.
“Tales como la certeza, transparencia y seguridad jurídica, máxime si se toma en cuenta que estamos en el proceso electoral más grande de la historia de nuestro país [recordando que todos los días y horas son hábiles], respecto del cual este tribunal constitucional tiene una responsabilidad con la ciudadanía y los actores políticos”, indicaron.
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Quienes firmaron la carta subrayaron que la función del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es velar por el orden constitucional electoral, dando plena certeza a los diversos actores políticos en la contienda de los próximos comicios, así como a toda la ciudadanía. “Esta certeza se logra con la aprobación de reglas claras, ampliamente difundidas, y ello en el respeto de los tiempos electorales, afirmaron los magistrados.
“Diferir la celebración de sesiones públicas de manera unilateral por parte de la presidencia de este órgano judicial, implicando no sesionar durante casi dos semanas y, por ende, no resolver asuntos jurisdiccionales durante una semana, no abona a la certeza, a la seguridad y tampoco a la confiabilidad de esta institución”, expresaron.
