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Al participar en el Seminario “Autonomía e Independencia Judiciales, División de Poderes y Democracia”, organizado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados , el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, señaló que la independencia judicial “no es un privilegio de las y los juzgadores”, sino que es la condición necesaria para que los derechos de protección judicial, tutela judicial efectiva y debido proceso, que se encuentran en distintos ordenamientos nacionales e internacionales, puedan tener plena efectividad.
En el evento virtual, afirmó que sin la independencia de las y los juzgadores será imposible garantizar el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la protección judicial. Comentó que dos temas que preocupan son los relacionados con recoger las facultades del Pleno de la Corte dispersos en varios ordenamientos y el recurso de revisión administrativa ante la Suprema Corte.
Consideró que fue “el peor momento para hacer una reforma judicial ” y el treceavo transitorio “es una consecuencia de toda la perversidad, falta de respeto al procedimiento legislativo, a la democracia, al principio de supremacía constitucional y ha puesto en jaque el poco prestigio que pudieran tener las instituciones en nuestro país”.
Por su parte, la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, Marcia Laura Garza Robles, señaló que es vital entender, difundir y socializar por qué la importancia del Poder Judicial y por qué se debe tener un Poder Judicial autónomo e independiente que abone a dar certeza y estabilidad al Estado de derecho.
La independencia judicial es una precondición de la administración de justicia, de ahí su relación con los derechos humanos.
Mencionó que el esquema de división de poderes que reconoce la Constitución exige un equilibrio, a través de un sistema de pesos y contrapesos tendentes a evitar la consolidación de un poder capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias y una afectación al principio democrático a los derechos fundamentales o sus garantías. “Los Poderes de la Unión deben tener garantizada su autonomía en relación con los otros, sin que ello implique desconocer la relación de cooperación que pueda darse entre ellos”.
Hizo un llamado a replantear la importancia que reviste un Poder Judicial y cómo debe ser entendida su autonomía desde la división de poderes hacia las y los juzgadores con reglas previas que se respeten en cuanto a selección, nombramiento, duración en el cargo, remuneración y régimen de responsabilidad. La trascendencia de la reforma al Poder Judicial, dijo, impacta a todo México, por lo que se debe cuidar su autonomía e independencia.
Irma Caudillo Peña, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, resaltó que las y los jueces son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos , así como el debido proceso que debe observarse cuando el Estado puede establecer una sanción.
Sostuvo que la autonomía y la independencia deben ser privilegiadas, arropadas y protegidas en toda su amplitud; ante ello es necesario que a las y los juzgadores se les dote de protección en cuanto a la defensa por una posible sanción que puede ser de hasta la destitución e inhabilitación.
Admitió que la reforma tiende a hacer más ágil ciertos mecanismos de tutela judicial efectiva, pero en otros temas las reformas se quedaron cortas, aunque consideró que las y los diputados pueden presentar una nueva iniciativa para enriquecerla.
Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, magistrada del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, señaló que la reforma judicial debe incorporar los estándares internacionales que se han emitido en documentos de la ONU, ya que visualizan la necesidad de que las sociedades se vayan adecuando a las exigencias que no estaban previstas, pero que modifican el entorno y contexto social en el que se imparte justicia.
Precisó que esta reforma debe ir avanzando conjuntamente con la independencia judicial a nivel de justicia local, toda vez que hay poco personal y recursos. Llamó a garantizar la paridad de género en el Poder Judicial y que no quede solamente en el papel.
Expuso que es importante el empoderamiento de las asociaciones de juzgadoras y juzgadores, pues “tenemos un papel fundamental en la construcción y preservación de la democracia, por ello necesitamos recursos legales, materiales y estructurales que nos permitan seguir construyendo la paz social”.
Asimismo, el magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, Daniel Ricardo Flores López, comentó que en los tiempos actuales no puede concebirse un Estado de derecho sin el Poder Judicial, ya que la función que reviste garantiza la división de poderes, porque es el encargado de revisar la constitucionalidad de los actos del poder y salvaguardar el respeto a los derechos humanos.
Enfatizó que la independencia judicial es uno de los pilares de la democracia moderna, toda vez que se erige como el último defensor de la Constitución. Estimó que la independencia judicial debe ser parte de la armadura del juez, además de que es necesario garantizar su autonomía para que pueda resolver con plena libertad.
Resaltó que se requiere de un recurso efectivo con bases perfectamente establecidas, con el fin de tener también garantizada en forma directa “nuestra inamovilidad y duración en el encargo, porque estos dos aspectos son parte de la independencia que todo juzgador debe contener para resolver los conflictos con completa imparcialidad”.
Asimismo, la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), recordó que esta mesa surge a partir de los esfuerzos que “estamos llevando a cabo desde los partidos de oposición, en un esfuerzo plural que incluye a integrantes del partido mayoritario para promover una acción de inconstitucionalidad en contra de la introducción de un artículo Décimo Tercero Transitorio a las reformas secundarias en materia judicial y que a todas luces violenta la Constitución”.
Indicó que durante las últimas semanas se han dado cita académicos, especialistas y representantes de la sociedad civil, quienes han expresado sus opiniones a partir de diversos puntos de vista, pero con una coincidencia unánime que se traduce en que los tiempos que vive nuestra República hacen apremiante la defensa de la autonomía e independencia judiciales, del orden constitucional y de la división de poderes.
Ortega Martínez añadió que la resolución de las acciones de inconstitucionalidad que presentaron senadoras y senadores, y la que aportarán en breve las y los diputados, “será un acto de mayor prioridad para el Poder Judicial de la Federación, pero es posible que siga reglas distintas a la resolución de otras acciones en atención a la consulta formulada por el propio presidente de la Corte”.
Consideró fundamental recuperar la visión que hay sobre este problema al interior del propio Poder Judicial de la Federación, desde las implicaciones de la aprobación del artículo transitorio hasta las consecuencias de la politización de la justicia que eventualmente se ha abierto a partir de la discusión del citado agregado.
Expresó que muchas preguntas quedan en el aire: cómo será la relación del Poder Judicial con los otros poderes; existirá una relación de desconfianza del Poder Judicial y el Poder Legislativo; cómo se vería afectada la legitimidad del Poder Judicial, a través del cuestionamiento a quienes lo encabezan; qué otras soluciones se vislumbran desde el Poder Judicial para el problema que plantea el articulo Décimo Tercer Transitorio.
En tanto, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) consideró enriquecedor tener la opinión de las y los magistrados en un tema que es fundamental para el país y para el Estado de derecho, el cual debe de imperar.
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