Fernando Laguna Navarro trabajó durante casi 20 años como chofer de un juzgador federal, pero cuando perdió la vista del ojo izquierdo afirma que fue presionado para presentar su renuncia en el Poder Judicial de la Federación (PJF). Desde el año pasado, además de quedar sin trabajo, perdió toda posibilidad de obtener una pensión por discapacidad parcial.
Actualmente, Fernando, su esposa y su hijo, de 15 años, sobreviven con los pocos trabajos que puede hacer pintando casas o mejoras menores.
En entrevista con EL UNIVERSAL, cuenta que durante 18 años y algunos meses de servicio que tuvo con el magistrado Mauricio Torres Martínez, del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal del Segundo Circuito, no sólo fue su chofer, sino de toda la familia del juzgador además de que hacía labores de jardinería, mantenimiento del hogar y hasta lavar un estanque de tortugas.
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En 2005, la esposa de Torres Martínez le pidió a Fernando que colocara un reloj de pared; mientras lo hacía, uno de los clavos botó en el ojo izquierdo del chofer, quien tuvo que acudir al ISSSTE a recibir atención médica.
En el instituto le dieron sólo tres días de incapacidad y no hallaron ninguna anomalía, pero en 2019 el hombre comenzó a sentir intensos dolores y pérdida de visión en el ojo.
Fue diagnosticado con perforación de retina que le provocó el desprendimiento de la misma en el ojo izquierdo, por lo que fue intervenido en tres ocasiones hasta que en el ISSSTE le informaron que perdió la vista.
Comenzó su trámite para pensionarse por incapacidad parcial; sin embargo, explica que el magistrado no quiso esperar a que concluyera su trámite, pues derivado de la pandemia todo ese tipo de peticiones se retrasaron.
Por ello, el magistrado le exigió firmar su renuncia para que se le pueda designar un nuevo chofer. “Sentí que se deshizo de mí como si fuera basura, discriminado por mi condición, después de tantos años que yo lo seguí y estuve más con su familia que con la mía”, comenta Fernando. “Había veces que si tenía algún asunto que terminaba en la madrugada, como un velorio, por ejemplo, yo me tenía que salir de mi casa, ir por él, estar ahí y regresarlo.
“A las 6:00 horas del día siguiente yo tenía que estar en su casa otra vez para llevar a sus hijos a la escuela”, refiere.
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Laguna comenta que los jueces y magistrados tienen asignados choferes, pero por la naturaleza de sus cargos, que los obligan a estar en las oficinas todo el día, prácticamente ellos también se vuelven choferes de las familias de los juzgadores.
Ante la pérdida de su trabajo y al considerar que el magistrado cometió actos de hostigamiento laboral, Fernando Laguna presentó, en abril de este año, una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El pasado 3 de diciembre, Laguna fue notificado del desechamiento de la queja que presentó debido a que la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas consideró que se trató de un conflicto laboral y no de una falta administrativa susceptible de ser investigada.
EL UNIVERSAL informó que el magistrado Torres Martínez fue denunciado por otra de sus excolaboradoras, por hostigamiento laboral y sexual, a quien, luego de presentar la denuncia, el juzgador decidió cesar en febrero de este año.