Pese a que desde febrero de este año el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió destituir e inhabilitar al magistrado Carlos Loranca Muñoz, vinculado a Othón Cachetes Muñoz Bravo, líder huachicolero en Puebla, la resolución no ha sido ejecutada.
Esto, debido a que el magistrado tramitó un recurso de revisión que impide que la sanción que le fue impuesta por incurrir en irregularidades en sus declaraciones patrimoniales de 2014, 2015 y 2016, cuando estaba adscrito a un tribunal colegiado de Puebla, surta efectos.
El caso contra Loranca Muñoz empezó en 2019, cuando el CJF le inició un procedimiento de responsabilidad administrativa por falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales.
La investigación concluyó con una resolución dictada por el pleno del CJF, el 24 de febrero de 2021, en la que le impuso destitución e inhabilitación por 15 años para desempeñar un cargo público.
Esto, debido a que el magistrado no declaró cerca de 6 millones de pesos, producto de diversas operaciones.
Sin embargo, la resolución no ha sido ejecutada por el recurso de revisión presentado por el magistrado, mismo que corresponderá resolverlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde fue enviado al ministro Javier Laynez Potisek.
El caso quedó registrado como revisión administrativa 19/2021 y, debido a que es de los asuntos de reciente ingreso, es posible que el ministro presente su proyecto de resolución ante la Segunda Sala de la Corte a mediados o finales del próximo año, como mínimo.
Derivado de los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados por la administración del ministro presidente Arturo Zaldívar, el CJF informó a través de una solicitud vía transparencia que, del 1 de enero de 2019 al 27 de mayo de 2021, han quedado firmes las destituciones de dos jueces de distrito y un magistrado y las inhabilitaciones de un juez y otro magistrado.
Indicó que la información sobre 2021 será dada a conocer en el informe de labores de dicho ejercicio que realizará el ministro Zaldívar Lelo de Larrea.
Loranca Muñoz ya había sido suspendido en 2018, poco después de que llegó al Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal y Civil en el estado de Chihuahua.
Lo anterior, debido a que en 2015 conformó una sociedad anónima con El Cachetes, denominada Energéticos Muñoz, a través de la cual pusieron una gasolinería en Acajete, Puebla, frente a una escuela primaria, pese a la negativa de las autoridades.
En 2017 fue difundida una fotografía donde aparece Othón Muñoz, el exsenador Javier Lozano y el exdiputado federal Néstor Gordillo durante un festejo en un domicilio ubicado en el fraccionamiento El Cristo, en Atlixco, que posteriormente fue cateado por la Marina.
El Cachetes fue señalado por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) de supuestamente tener relación con Antonio Martínez Fuentes, El Toñín, líder huachicolero en la zona del Triángulo Rojo.
Fue detenido en su domicilio en Lomas de Angelópolis, en Puebla, donde también le fueron decomisados dos rifles AR-15, un AK-47, dos pistolas 9 mm, seis vehículos blindados y droga, entre la que se encontraban metanfetaminas, cocaína, marihuana y cristal.
Sin embargo, la PGR únicamente lo imputó por posesión y portación de drogas y armas de uso exclusivo del Ejército, pero no pudo comprobar sus vínculos con el robo de hidrocarburos.
Por ello, logró pactar con la PGR un procedimiento abreviado en el que se declaró culpable de los delitos que le fueron imputados y recibió una condena de tres años que cumplió en libertad condicional.
Todavía en 2019, Othón Muñoz tenía permisos de operación de gasolineras en el estado de Puebla.