De acuerdo con el INEGI, 11.4 millones de mujeres son jefas de familia en México. En 4 de cada 10 hogares las madres son las que se hacen cargo de absolutamente todo. Lamentablemente, 67 por ciento de las madres solteras en México no reciben ningún tipo de pensión alimenticia por parte del padre de sus hijos.
¿Qué podemos decir de una sociedad y de un Estado que permite que casi 7 de cada 10 mujeres que son jefas de familia no reciban ningún tipo de apoyo económico por parte del padre de sus hijos? Esta es para mí la definición de padres ausentes, pero también de un Estado que ha preferido invisibilizar el problema y dejar a las mujeres jefas de familia en el desamparo. Es un Estado que permite que se perpetúen las desigualdades y que no asegura un piso parejo para todos.
Esta no debería ser la realidad de millones de jefas de familia en México. Si hay hijos de por medio, generalmente, el cónyuge que no tenga la custodia principal estará obligado a proporcionar una pensión alimenticia para ayudar a cubrir las necesidades básicas de los niños, como comida, educación, salud y vivienda.
Las mujeres y los hijos deberían de contar con procesos ágiles que aseguren la pensión alimenticia, pero la realidad es que muchos padres hacen hasta lo imposible por evadir sus responsabilidades, a pesar de las consecuencias en el ámbito civil o penal.
En el terreno civil, las pensiones alimentarias pueden acordarse mediante convenios ratificados ante un juez familiar o sentencias judiciales. Un juez puede ordenar el embargo y subasta de los bienes del deudor, donde el pago de los alimentos es preferente; pueden hacerse descuentos a su salario; e incluso, con la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, será necesario estar al corriente en el pago de las pensiones para poder tramitar la licencia, permisos y pasaporte y de lo contrario, hasta se puede prohibir la salida del país.
En el terreno lo penal, el incumplimiento de la obligación de alimentos es un delito que se castiga con 3 a 5 años de prisión. Demandar el pago de la pensión en un juicio civil requiere de tiempo, esfuerzo y recursos que las madres muchas veces no tienen, por lo que no es necesario pasar por un juicio familiar previo para poder denunciar este delito. Además, deshacerse de los bienes o fuente de trabajo con el fin de no pagar alimentos, es un delito aparte que se sanciona con una pena de 1 a 4 años de prisión.
El desamparo al que se enfrentan millones de jefas de familia es un reflejo de una crisis social profunda y un llamado urgente a la acción. No podemos permitir que millones de madres continúen luchando solas, sin el apoyo que por ley les corresponde. Es momento de exigir y fortalecer una justicia que actúe con rapidez y eficacia en estos casos, protegiendo a las familias que sufren las consecuencias del abandono parental y del Estado.
Cambiar esta realidad debe ser un deber ineludible para construir un México más justo y equitativo.