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Al considerar que se trata de un acto de “elemental justicia”, Ernesto Prieto Ortega, director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ( Indep ), anunció un programa de pensión para casi 9 mil extrabajadores de la Luz y Fuerza del Centro (LyFC), empresa extinta en el sexenio de Felipe Calderón.
En conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, el funcionario federal indicó que los requisitos para adherirse a este programa son haber laborado por un mínimo de 19 años seis meses y un día en LyFC, desistirse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de todos los juicios en contra de la extinta empresa, del Indep y de la Secretaría de Energía (Sener).
Indicó que la compensación mensual va de un mínimo de 3 mil 200 pesos a un máximo de 67 mil pesos, y el promedio es de 12 mil 500 pesos.
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“El gobierno de la República considera de elemental justicia establecer este Programa Especial de Compensación por Justicia Social a Extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro que responde a una legitima demanda social para garantizar una compensación a todos aquellos ex trabajadores que, al 11 de octubre de 2009 tenían por lo menos 19 años, 6 meses y un día de tiempo de servicio.
“Los requisitos que deben de cubrir los trabajadores para incorporarse a este programa son: haber cubierto un tiempo mínimo de servicio de LFC de 19 meses, seis meses y un día; desistirse en la Junta de Conciliación y Arbitraje de todos los juicios presentes y futuros en contra de LFC, Sener, Indep y LFCL; entregar la solicitud correspondiente con la documentación requerida, la cual estará disponible en el portal de internet del Indep en www.gob.mx/indep/es”.
En Palacio Nacional, Ernesto Prieto detallo que el presupuesto para este programa para el primer año es de mil 458.6 millones de pesos, y detalló que los beneficios del programa es que 8 mil 892 familias se beneficiarán con un ingreso permanente, se liberarán 2 mil 118 juicios laborales con un pasivo contingente de 5 mil 892 millones de pesos.
“Se resuelve una legitima demanda social originada por una decisión arbitraria del Estado en agravio de miles de trabajadores afectados”, agregó.
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