Más Información
Sheinbaum es una "consumidora voraz" de información: José Merino; el tablero de seguridad, herramienta clave, destaca
Oposición tunde diseño de boletas de elección judicial; “la lista definitiva la harán Monreal y Adán Augusto”, dice Döring
Rosa Icela Rodríguez se reúne con próximo titular del INM; “arrancaremos el 2025 con mucho trabajo”, asegura
Luego de que Luis Videgaray , exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunciara que impugnará la inhabilitación por 10 años hecha por la Secretaría de la Función Pública (SFP) al asegurar que las cuentas bancarias de las que se le acusa haber ocultado eran tarjetas de crédito sin saldo, la dependencia federal replicó que estas cuentas sí eran bancarias y contaban con saldo.
En una tarjeta informativa enviada por la Dirección General de Comunicación Social de la SFP, se indica que la omisión de reportar saldos en cuentas constituye una falta administrativa grave que vulnera la integridad y la ética en el servicio público, y ésta fue reiterada de 2015 a 2017.
Señaló que para la inhabilitación por 10 años se aplicó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en un procedimiento sancionador administrativo culminado, por lo que “no se trata de una mera acusación”.
También lee:
La Dirección General de Comunicación Social de la SFP manifestó que da la bienvenida a la impugnación anunciada, donde “defenderemos la legalidad y pulcritud de nuestra sanción”.
Esta mañana, la SFP anunció que había inhabilitado por 10 años a Luis Videgaray por falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales durante tres años consecutivos.
La dependencia federal detalló que el también exsecretario de Relaciones Exteriores (SRE) fue notificado de esta inhabilitación desde el 11 de mayo, pero el anuncio se postergó hasta hoy por respeto a la veda electoral .
“El pasado mes de mayo la Secretaría de la Función Pública determinó sancionar con inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Luis “V”, por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del gobierno federal, como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público”.
También lee:
La SFP indicó que desde junio de 2019 se ordenó el inicio de la investigación patrimonial sobre el extitular de la SHCP de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes “Agro Nitrogenados” , la cual ocasionó un millonario daño patrimonial al Estado.
Más tarde, Luis Videgaray informó que impugnará esta resolución, pues argumentó que las cuentas bancarias a las que se refiere la SFP son en realidad tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor a la fecha de reporte de cada declaración.
En un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, el también exsecretario de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que “es deber de todos los mexicanos apoyar al presidente López Obrador en su lucha contra la corrupción”.
“Es deber de todos los mexicanos apoyar la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador . En mi caso lo haré impugnando la resolución por la vía institucional, con pleno respeto a la SFP y sin litigar en los medios de comunicación o en las redes sociales”.
En la red social, Luis Videgaray señaló que las tarjetas de crédito sí fueron referidas en las declaraciones patrimoniales, y reconoció que no fueron incluidas en el apartado de pasivos “pues no tenían saldo deudor”, pero indicó que sí fueron mencionadas en el apartado de observaciones y aclaraciones.
“Las declaraciones son veraces (pues no se ocultaron pasivos) y evidentemente no hubo intención de ocultar información patrimonial a la SFP (pues las tarjetas de crédito sí se mencionan en la propia declaración en otro apartado)".
Apuntó que en el oficio en el que fue notificado de su inhabilitación, la propia SFP “expresamente” reconoce que “yo no obtuve ningún beneficio o lucro derivado de la supuesta falta de veracidad en las declaraciones y que no se generó ningún daño o perjuicio económico”.
rmlgv