De ser electo fiscal general de la República, el abogado Luis Manuel Pérez de Acha asegura que atenderá de manera inmediata el rezago en los casos de corrupción de Odebrecht México, la llamada Estafa Maestra, así como el espionaje con el malware Pegasus.
Asimismo, las graves violaciones a los derechos humanos en los casos de Ayotzinapa, Guerrero; Tlatlaya, Estado de México; Tanhuato, Michoacán; Atenco, Estado de México, y Ciudad Juárez, Chihuahua.
“El respeto a los derechos humanos de los acusados y de las víctimas, al igual que la reparación de daños, sería uno de los ejes en la actuación de la fiscalía”, afirma el aspirante en el ensayo sobre procuración de justicia que entregó al Senado al momento de registrar su candidatura.
Pérez de Acha es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción.
Como abogado independiente, participó en la denuncia penal que un grupo de líderes de la sociedad civil, académicos y empresarios presentaron ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ), por derrumbes y muertes en el sismo de septiembre de 2017.
En el documento entregado al Senado, el abogado afirma que como fiscal haría efectiva su autonomía y combatiría la corrupción.
“Aplicaría la legislación penal en sus términos, sin aceptar instrucciones expresas o veladas para conceder privilegios a los investigados ni para integrar carpetas de investigación en contra de inocentes. La persecución de los delitos se haría sin privilegios ni inquina alguna”, advierte.
Afirma que en México la procuración de justicia está en crisis: “Los ciudadanos no confían en las instituciones, lo que inhibe la presentación de denuncias”.
Por ello, enfatiza, establecerá procesos para prevenir la corrupción en la fiscalía general: “Será transparente, en los términos que la Constitución marque”.
