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En los últimos seis años, las víctimas por el delito de feminicidio aumentaron 145%, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Durante los primeros ocho meses de 2020 se registraron 645 víctimas de feminicidio, mientras que en el mismo periodo, pero de 2015 hubo 263.
Las entidades donde ha habido más mujeres asesinadas este año son: Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León, Puebla, Jalisco, Morelos, Baja California, Oaxaca y Chihuahua.
Lo que va de este año ha quedado marcado por el aumento en la violencia y las movilizaciones feministas que exigen un mayor acceso a la justicia, así como por políticas públicas para prevenir las agresiones contra este sector de la población.
Si bien, en este 2020, 645 mujeres han pedido la vida, por lo menos 10 casos causaron indignación nacional y se han convertido en motor para la lucha por la igualdad de género.
En enero fue asesinada la artista y activista por los derechos de la mujer Isabel Cabanillas de la Torre. La joven, de 26 años, fue encontrada sin vida en la zona centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de haber permanecido en condición de desaparecida.
Ingrid Escamilla Vargas, de 25 años, fue asesinada en febrero y el principal sospechoso del crimen fue su pareja.
Ella contaba con estudios en Administración de Empresas cuando le quitaron la vida en la alcaldía de Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.
Durante el mismo mes fue asesinada Fátima Cecilia Aldrighetti Antón, menor de siete años reportada como desaparecida desde el 11 de febrero. Cuatro días después, su cuerpo fue localizado en la alcaldía de Tláhuac.
Los feminicidios de Isabel, Ingrid y Fátima dieron pie a manifestaciones en todo el país. Los movimientos feministas alcanzaron su clímax el pasado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, cuando sólo en la Ciudad de México se manifestaron 80 mil personas.
A esos tres crímenes les siguieron otros más. Por ejemplo, el cometido en mayo contra Diana Carolina Raygoza, joven de 21 años y estudiante de la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit. Ella fue asesinada en su casa, en el municipio de Tepic, en medio de la cuarentena por el Covid-19.
Susana Salais Morales, de 24 años, tuvo un destino parecido, ya que su cuerpo fue encontrado en su domicilio. Organizaciones sociales acusaron que la madre de un menor de seis años fue abusada sexualmente en su hogar y posteriormente asesinada frente a su pequeño hijo.
Otro caso que cimbró al país fue el de Danna Reyes, adolescente de 16 años y cuyo cuerpo fue quemado en Mexicali, Baja California, en agosto. El feminicidio de esta joven causó un escándalo, pues el fiscal general del estado, Guillermo Ruiz, resaltó que ella tenía tatuajes en el momento en el que le arrebataron la vida, lo cual fue calificado como un acto de revictimización por parte de asociaciones civiles y expertas en género.
En el mismo mes de agosto fue asesinada en Mérida, Yucatán, Fernanda Gual. Con 21 años, la mujer fue supuestamente asesinada por su exnovio, quien le habría disparado en la cabeza y luego se suicidó.
De manera más reciente, durante septiembre, se registró el feminicidio de Jessica González, en Morelia, Michoacán, presuntamente a manos de su expareja. Ella tenía 21 años y se dedicaba a dar clases.
Violencia contra mujeres persistió en 2020
Especialistas coincidieron en señalar que en el segundo año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se logró diseñar una estrategia para prevenir los feminicidios y acabar con la impunidad en estos casos.
“No hemos logrado bajar este crimen porque las autoridades no pueden acreditar el delito de feminicidio y no se castiga.
“También hay unidades y fiscalías especializadas, pero sin personal ni la experiencia requerida”, señaló María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
La experta advirtió que los feminicidios, la desaparición de mujeres y los casos de violencia familiar van en aumento por la falta de voluntad política de las autoridades, la ausencia de una estrategia de prevención y atención de estos crímenes, así como los pocos recursos que se invierten para garantizar los derechos de este sector.
“Vemos un aumento de la violencia sexual, de la violencia en el hogar y, al mismo tiempo, seguimos viendo que las políticas de prevención, como las órdenes de protección para mujeres, presentan fallas”, dijo Estrada.
En ese sentido, Julia Escalante, coordinadora regional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), coincidió con la coordinadora del OCNF y agregó que durante 2020 la violencia de género se incrementó por el Covid-19.
“Las medidas que el gobierno supuestamente implementó durante la pandemia no fueron otra cosa que la reinterpretación de las políticas y acciones que ya había desarrollado.
“No vemos avances y sí un riesgo y deterioro de las acciones destinadas a erradicar la violencia contra las mujeres”, expresó Julia Escalante.
Por último, la especialista urgió a fortalecer la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim), al mismo tiempo que acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de no dar la suficiente importancia a la violencia de género.
“Particularmente, el Presidente banaliza la violencia contra las mujeres, trata de minimizar las situaciones relacionadas con esta agresividad, así como con los datos de feminicidio.
“La violencia de género no está dentro de las prioridades del gobierno [federal] y eso es muy preocupante”, resaltó.
